La Fiscalía General de la Nación señaló que el día de hoy logró imputar cargos a quién sería responsable de realizar amenazas a Roy Barreras, actual presidente del Congreso. El ente acusador indicó que presentó ante un juez de control de garantías al identificado como Juan Carlos Osorio quien sería el presunto responsable de realizar varias amenazas contra el entonces Senador Roy en septiembre de 2020.
Según indicó el ente investigador los hostigamientos en contra de Roy Barreras se habrían generado por la inclinación ideológica e incidencia política que estaba teniendo con los temas de aquella coyuntura nacional. “Esta persona, a través del sistema de mensajería de una red social, al parecer, envió al congresista diversos textos con palabras injuriosas, amenazas de muerte y reproches por su actividad legislativa y la posición que tenía respecto a varios temas de interés nacional”.
La investigación indica que el presunto culpable habría eliminado la cuenta desde donde se realizaron las amenazas pero gracias a la actividad policial de inteligencia se permitió ubicar a Osorio. “El congresista denunció lo ocurrido y publicó los mensajes intimidatorios días después de recibirlos. Ante esto, Osorio Duque eliminó el perfil desde el cual habría escrito y dirigido los ataques”.
Desde la Fiscalía General de la Nación se indicó que Juan Carlos Osorio quien se encontraba en el municipio de Manzanares departamento de Caldas no aceptó los cargos. “Por estos hechos, una fiscal del Grupo de Amenazas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos le imputó el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos”.
Sobre más información del presidente del Congreso: Sala de Instrucción de la Corte Suprema archivó la denuncia que habían puesto en contra de Roy Barreras, investigado por el contenido de los llamados ‘petrovideos’, la filtración de conversaciones privadas de la campaña presidencial de Gustavo Petro, en las que el senador del Pacto Histórico hablaba de aportes a la campaña.
Según el alto tribunal, los vídeos se obtuvieron de manera ilegal violando el derecho a la intimidad de quienes participaron en estas conversaciones porque fueron grabados en medios de una reunión semiprivada, se desconoce quién grabó y tampoco es posible saber el origen, por lo cual no sirven como prueba para demostrar que se haya cometido algún acto ilícito.
“La Sala concluye la ilicitud en la obtención del video que sustenta la denuncia, a causa de la intromisión en el entorno social revestido de la prerrogativa a la intimidad donde se desarrolló la reunión en la que participó el aforado”, dice la decisión de la Sala de Instrucción.
De igual manera, se agrega también que, “ impide de plano continuar con la investigación en tanto el señalamiento de la denunciante sencillamente hace eco al citado ilícito video ”.
Asimismo, se demostró que el presidente del Senado no tuvo ninguna labor administrativa en la campaña de Petro.
Ante la denuncia que se presentó, Roy Barreras presentó su defensa ante la Corte en las que llevó evidencias, como certificados del Consejo Nacional Electoral y de esta manera pudo explicar el contexto de la conversación que sostuvo. Dentro de estas mencionó la posibilidad de que Gustavo Petro se reuniera con empresarios y miembros del sector financiero para lograr posibles apoyos.
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