A través de una carta fechada del lunes 24 de octubre del 2022, la Human Rights Watch (HRW) se refirió al restablecimiento de las relaciones diplomáticas que se realizó entre Colombia, en cabeza del gobierno de Gustavo Petro, y Venezuela, bajo la administración de Nicolás Maduro. La misiva, dirigida al mandatario nacional, evidencia la invitación que hace aquel organismo para que le líder del Pacto Histórico, en medio del proceso de recuperar la relación con el vecino país, no se olvide de lo necesario que es mantener el enfoque sobre la crisis humanitaria y de derechos humanos que se vive en Venezuela.
“En sus conversaciones con el gobierno de Maduro, Colombia debe priorizar obtener compromisos concretos de las autoridades venezolanas para respetar los derechos humanos; apoyar que ingrese más asistencia humanitaria; restablecer el Estado de derecho; terminar con la complicidad de las fuerzas de seguridad venezolanas con el Ejército de Liberación Nacional (ELN); y abordar la violencia, los abusos y la trata de personas en la frontera entre ambos países”, recomendó la entidad.
De acuerdo con lo que detalló el organismo, es importante recordar que la situación que vive el país, presidido por Nicolás Maduro, ha obligado a más de 7,1 millones de personas a migrar a otros territorios del mundo, siendo Colombia uno de los principales destinos. De hecho, fue la Misión Internacional de las Naciones Unidas de Determinación de los Hechos sobre Venezuela la que calificó como ‘razonables’ los motivos por los cuáles los ciudadanos venezolanos estaban decidiendo huir de su realidad, incluso, se habló de la comisión de crímenes de lesa humanidad sobre la población.
Aunque Colombia ha cumplido un papel importante en lo que respecta a la migración masiva, la Human Rights Watch sugiere que el país puede llegar a ser mucho más determinante en ello. “Colombia podría cumplir un rol clave para contribuir a que cesen las violaciones de derechos humanos en Venezuela y en la frontera con Colombia y para restablecer los derechos políticos y el Estado de derecho en Venezuela, en particular, a través de la implementación de las recomendaciones de la misión de observación electoral de la Unión Europea de cara a las elecciones programadas para 2024″, destaca la entidad luego de mencionar, entre las acciones más importantes, la entrega de estatus legales a los venezolanos en Colombia.
Dentro de lo que propone el observatorio está la promoción de avances para los derechos humanos en Venezuela. En este punto, de los cuatro que se exponen, se argumenta que el gobierno de Petro debería evitar ignorar lo que está sucediendo allí en cuando a la violación de derechos humanos. “El restablecimiento de relaciones entre Colombia y Venezuela no es un motivo para guardar silencio ante las violaciones de derechos humanos y la crisis humanitaria en el país. De hecho, el restablecimiento total y funcional de las relaciones diplomáticas y consulares, incluido cualquier tipo de cooperación militar, requiere que los gobiernos colombiano y venezolano adopten medidas progresivas”, plantea el documento.
En segunda instancia, se habla de que Colombia debería facilitar negociaciones genuinas para restablecer el Estado de derecho. Según argumenta la HRW, el gobierno de Gustavo Petro tiene la oportunidad de “desempeñar un papel positivo y proactivo para que estas negociaciones incorporen compromisos claros para restablecer el Estado de derecho y el ejercicio de los derechos fundamentales en Venezuela, lo que incluye terminar con la censura y la represión, liberar a presos políticos y permitir que ingrese al país ayuda humanitaria apolítica”.
Por el otro lado, la misiva recalca que la administración del Pacto Histórico debería abordar, dentro de su agenda, lo que respecta a temas de violencia y abusos en la frontera. Colombia, según la Human Rights Watch, podría “supeditar cualquier cooperación militar con Venezuela al cese inmediato de la complicidad con los grupos armados, así como a un compromiso de abordar la falta de independencia judicial en el país, a fin de que, en el futuro, los funcionarios responsables de estos hechos sean investigados y llevados ante a la justicia. A su vez, Colombia debería adoptar medidas para monitorear si persiste tal complicidad; por ejemplo, al recibir información de forma periódica de organizaciones de derechos humanos que documentan la situación en Venezuela y en la frontera”.
Finalmente, el documento, firmado por Juanita Goebertus Estrada, directora para las Américas Human Rights Watch y Tamara Taraciuk Broner, subdirectora de la misma entidad, sugiere que Gustavo Petro, de la mano de su gabinete, debería enfrentar la trata de personas.
“Lo instamos a que considere coordinar estrategias para prevenir la trata de personas, asistir a las víctimas y judicializar a los responsables de estos hechos. Entre otras medidas, esto exigiría capacitar a autoridades para que tengan una comprensión más clara de estos delitos, asegurar que las personas expuestas a ser víctimas conozcan las rutas de atención existentes y colaborar con otras autoridades, incluida la Fiscalía General de la Nación, para fortalecer la respuesta de las autoridades judiciales y los comités municipales y departamentales contra la trata de personas”, concluye la misiva.
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