Ley de Paz Total llegaría sin ‘micos’ a segundo debate: indulto y facultades presidenciales se eliminarán

El proyecto de Paz Total es uno de los más ambiciosos y centrales del Gobierno nacional, pero su segundo debate causó molestias en el Congreso, incluso entre los miembros de la bancada oficialista. Según denunciaron, la ponencia para primer debate incluía artículos que no se habían aprobado en comisiones conjuntas y preocupaban a varios miembros del legislativo. Ahora, para agilizar la discusión, miembros del Ejecutivo y ponentes anuncian su eliminación.

Tanto el ministro del Interior, Alfonso Prada, como el autor del proyecto Ariel Ávila, señalaron que el texto de ponencia para segundo debate será modificado para eliminar las disposiciones que habían sido incluidas y generaron malestar en los congresistas, tanto de oposición como de gobierno.

Parada señaló al diario El Tiempo que tras reuniones con bancadas, el ministro de Defensa, el comisionado de Paz y ponentes, sugirieron retirar los artículos que causaron la polémica. Sostuvo que fueron de iniciativa de congresistas, compartidas por el gobierno, pero que necesitan una discusión aparte.

El ministro del Interior explicó que las facultades evitarían presentar la Ley de Sometimiento, que permite el desarme de estructuras delincuenciales con beneficios judiciales, pero la cuál debe ser debatida por el Congreso. Anunció que ya está preparada y la presentarán más adelante, con la esperanza de un debate expedito.

El senador Ávila también confirmó que en las reuniones se definió presentar un proyecto de ley independiente para el sometimiento, y eliminar el artículo de la ley de orden público. “Lo que queríamos era tener unas facultades extraordinarias y transitorias al presidente, mientras salía la ley de sometimiento. Pero después de un ejercicio que hizo el comisionado de Paz, muy juicioso, él cree que con lo que hay podemos idear algo mientras sale la ley de sometimiento”, sostuvo el congresista a El Espectador.

Según Ávila, hay organizaciones del Pacífico colombiano interesadas en un proceso rápido para someterse a la justicia, pero no existe un marco regulatorio que permita actualmente concretar esa decisión. Por eso incluyeron el artículo en el proyecto de modificación de la ley 418, pero tras la discusión que despertó buscarán otros mecanismos.

En cuanto al indulto a los manifestantes capturados en el marco de la protesta social, Prada y Ávila coinciden en que la manifestación indígena en Bogotá nubló la discusión. Sin embargo, el senador confirmó que esa intención será incluida en el proyecto de protesta social que presentará el Ministerio de Justicia el próximo año y no incluirlo en el de paz total.

Este es uno de los proyectos principales del gobierno del presidente Gustavo Petro. Tiene mensaje de urgencia y por eso se ha acelerado su discusión, pero los artículos calificados como micos del proyecto retrasaron el debate. La U, liberales, Cambio Radical y el Centro Democrático se opusieron a votar el texto con esos artículos. Este lunes volverá al Senado.

El pasado 19 de octubre continuó el debate del proyecto de ley que pretende modificar la Ley 418 para permitir los diálogos de paz y sometimiento con grupos armados y delincuenciales en el país, con el objetivo de lograr su desarme. Sin embargo, la ponencia se presentó la noche anterior y se encontraron al menos tres artículos que no se conocían y llevaron a suspender el debate hasta esta semana que comienza.

Uno de los artículos que preocupó no está en ninguno de los documentos presentados por el Gobierno al Congreso. “Facúltese al presidente de la República para que, en el marco de la política de Paz Total, pueda otorgar indultos a aquellas personas que hayan sido condenadas por conductas desplegadas en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta social”, dice el art 17 de la iniciativa.

Otros dos artículos, de acuerdo con la senadora Paloma Valencia, incluyeron que los acuerdos parciales pasarían a ser política pública, sin pasar por el Congreso. Así como las facultades para el presidente que le permitirían expedir la ley de sometimiento por decreto.

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