La Procuraduría General de la Nación presentó un documento, con fallos y sentencias de la Corte Constitucional, dónde se le exige al ministerio de ambiente y desarrollo sostenible coma qué adelante todas las labores que permite la delimitación de los páramos, ecosistemas, y demás entornos que abastecen de agua potable a gran parte del territorio nacional. Agregan que en caso de no cumplirse, millones de colombianos podrían perder sus fuentes hídricas, vulnerando algún derecho humano, y afectando a gran parte de la fauna y flora de la nación.
El procurador delegado para asuntos ambientales y agrarios, Gustavo Guerrero Ruiz, fue el que emitió las alertas en el marco del foro llamado gobernanza del agua, en este asegura que en las diligencias de la delimitación de los páramos de Santurbán, Pisba, Almorzadero, Sumapaz y Cruz Verde, se aplazará nuevamente, dejando en riesgo estos ecosistemas.
Es por esto que se le está solicitando el Ministerio de Ambiente que atienda la sentencia T - 361 del 2017, dónde la Corte Constitucional le exige al gobierno nacional y puntualmente hasta entidad, qué adelante las labores en la zona referidas, bueno hacerlo estarían incurriendo en una falta grave coma además de generar graves impactos en dichos ecosistemas:
“Los páramos son la garantía de la oferta del recurso hídrico y de la realización del derecho al agua. La dilación en los procesos de delimitación de las zonas de páramo en Colombia, entre otras, que devienen de órdenes impartidas por las altas cortes en el país, terminan siendo una dilación a la garantía del derecho al agua y así viene sucediendo”, destacó el procurador delegado.
De hecho, la procuraduría asegura que en este momento, la demora el cumplimiento de estas órdenes judiciales ya generado graves impactos, los cuales han afectado la oferta y calidad del agua por la minería ilegal y demás labores que afectan a estos entornos:
“La demora en el cumplimiento de las órdenes judiciales emitidas por las altas cortes ha generado graves impactos en la garantía de oferta y calidad del recurso hídrico, el aumento de la minería ilegal, el deterioro del tejido social de los campesinos, mineros y habitantes de este territorio y la grave contaminación con mercurio de fuentes hídricas tales como el río Suratá en Santander, la cual es fuente de abastecimiento de agua potable de Bucaramanga”.
Agregan que estas dilaciones deliberadas no almuerzan de una falta de voluntad institucional, puntualmente las autoridades locales, que incluso han desviado los procesos judiciales a otras dependencias, que por consiguiente generar más demoras en los procesos.
El ministerio público dio a conocer que es del 2017, en conjunto con la defensoría del pueblo, se han presentado al menos 14 informes de cumplimiento de la sentencia de el Corte Constitucional, dónde se da muestra de los retrasos en los procesos de delimitación.
“La Procuraduría General de la Nación también anunció que enviará un informe a la Corte Constitucional y a los demás despachos judiciales encargados del seguimiento a las órdenes impartidas, para que intervengan y adopten las medidas urgentes que resulten necesarias para dar pleno cumplimiento a la Sentencia T-361 de 2017 y demás decisiones judiciales referidas”, concluyeron desde la entidad.
Por último, destacaron que estos páramos surten de agua a más de cinco millones de habitantes, de 104 municipios del país y 16 ciudades capitales, que en algunos casos ya han visto afectaciones por la minería ilegal, además de la contaminación con mercurio de dichas fuentes, generando un deterioro del tejido social.
“Para el ente de control, existen deliberadas dilaciones y falta de voluntad institucional de diferentes actores especialmente locales, que están impidiendo que se cumpla con las decisiones judiciales, razón por la cual la Delegada Ambiental y Agraria ha dado traslado a las dependencias de investigación disciplinaria de la entidad para lo de su competencia”.
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