Procuraduría le advierte a la JEP sobre nuevo patrón criminal en los macrocasos 3 y 4

El Ministerio Público pide establecer las responsabilidades de los llamados ‘falsos positivos’ en el municipio de Dabeiba, presuntamente, perpetrados por miembros de la Fuerza Pública de los Batallones Contraguerrilla BCG 26 y 79 entre 2002 y 2006

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Foto de archivo.  La solicitud del Ministerio Público estuvo suscrita por los Procuradores Delegados de Intervención ante la JEP, que tienen a cargo la intervención en los macrocasos 03 y 04, Jairo Acosta y Alonso Pío Fernández, respectivamente.
Foto de archivo. La solicitud del Ministerio Público estuvo suscrita por los Procuradores Delegados de Intervención ante la JEP, que tienen a cargo la intervención en los macrocasos 03 y 04, Jairo Acosta y Alonso Pío Fernández, respectivamente.

En las últimas horas, la Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la expedición de un nuevo auto, que incorpore, analice e incluyan la totalidad de los hechos y conductas investigadas sobre los militares y civiles que participaron en ejecuciones extrajudiciales desde 2002 a 2006 en Dabeiba, Antioquia.

Concretamente, la entidad le pidió a la justicia de paz ampliar el auto de determinación de hechos y conductas No. 01 del 11 de julio de 2022, “en el sentido de analizar e incluir un nuevo patrón macro criminal en el Caso Conjunto del Cementerio Las Mercedes de Dabeiba, Antioquia, consistente en los atentados y homicidios contra personas con conocimiento de la práctica de ejecuciones extrajudiciales a manos de miembros de la Fuerza Pública”, señaló la Procuraduría General.

Además, pide ahondar en la verdad para establecer las responsabilidades de los llamados ‘falsos positivos’. Según las declaraciones entregadas por comparecientes y víctimas en el municipio de Dabeiba, los hechos de violencia fueron, presuntamente, perpetrados por miembros de la Fuerza Pública de los Batallones Contraguerrilla BCG 26 y 79 entre 2002 y 2006.

Dentro del documento de observaciones que le entregó a la JEP, la Procuraduría General de la Nación puntualizó que se debe “considerar y determinar la muerte del subteniente del Ejército, Jesús Javier Suárez Caro, los homicidios de tres ayudantes cavadores de las fosas del cementerio Las Mercedes de Dabeiba, de un moto taxista conocido con el alias de “Bananas” y los atentados contra la vida e integridad de la encargada de la morgue de ese municipio, Hermelinda Goez Guisao, como un nuevo patrón macro criminal”, se lee en el informe.

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La Procuraduría en su análisis enfatizó que la muerte del oficial Suárez Caro a manos de su propia tropa, según lo relatado en algunas versiones voluntarias y determinada por la propia Sala de Justicia, obedeció a la intención de ocultar la práctica ilegal de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate al interior del BCG 79 y como muestra del “poder” que se tenía para silenciar cualquier voz en contra de lo que se venía presentando al interior de la unidad militar.

“Su muerte, representó la manera de ocultar la práctica ilegal y “castigar” cualquier intento o manifestación de denuncio frente a los delitos cometidos (…) la invitación que la Procuraduría hace en este apartado, es que este fenómeno sea analizado bajo la luz de la sistematicidad, por su repetición no accidental y por los elementos comunes de las víctimas -su conocimiento de los hechos- a efectos de identificar tanto su adecuación de un nuevo patrón macro criminal, que permita además establecer hechos similares en otros territorios o unidades militares”, anotó la Procuraduría.

La solicitud del Ministerio Público estuvo suscrita por los Procuradores Delegados de Intervención ante la JEP, que tienen a cargo la intervención en los macrocasos 03 y 04, Jairo Acosta y Alonso Pío Fernández, respectivamente.

Recientemente, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 10 miembros de la fuerza pública, en el marco del caso que investiga ‘Asesinatos y desapariciones forzadas en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba’. En esta decisión judicial se identificó el caso Jorge Andrés Ortiz Zapata como un crimen emblemático del segundo patrón criminal documentado por la magistratura.

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