Después de la jornada de protestas del pasado miércoles 19 de octubre que derivaron en hechos de violencia y dejaron un saldo de 27 heridos entre policías, civiles y gestores de convivencia y de diálogo social, mismas que llevaron a la captura de dos indígenas de la comunidad embera, la Fiscalía General de la Nación optó por retirar la solicitud de medida de aseguramiento en contra de los capturados.
De acuerdo con el ente acusador, los indígenas capturados no representarían peligro alguno para la víctima, el uniformado que resultó lesionado, presuntamente por los dos señalados. El argumento para sostener la no representación de un peligro sería que las autoridades conocen el lugar donde viven, el albergue de La Rioja. Además, tampoco se ha considerado que tengan la necesidad de huir de la justicia, debido al sentido de unidad comunitaria que rige a este pueblo aborigen:
“Infiere la Fiscalía que los ciudadanos imputados pueden esperar en libertad las demás etapas procesales que se avecinan en este caso, puede ser a través de las organizaciones a las que pertenecen y de la confirmación del albergue La Rioja, allí se encuentran y pueden ser localizados y que si no fuera así a través de su defensora de confianza se pueden hacer las citaciones para esas demás etapas que se avecinan”
Para llegar a esta determinación, la fiscal delegado para el caso, puso en contexto la situación que acaeció en medio de las manifestaciones del pasado miércoles. En ella, se evidenció por parte del ente acusado, si bien existieron agresiones al funcionario público, estas no resultan determinantes para efectuar una medida de aseguramiento, por lo que solicitó al juez retirar la petición que se radicó inicialmente.
Asimismo, la Fiscalía General de la Nación pidió, no solo retirar la solicitud, sino que le sean restablecidos los derechos fundamentales a los ciudadanos que fueron imputados. A su vez, el delegado de la Procuraduría General de la Nación se sumó a la iniciativa del ente acusador, pidiéndole al juez de control de garantías que no haga efectiva la medida de aseguramiento par estas dos personas.
En consecuencia estas intervenciones, el juez de control de garantías ordenó la libertad inmediata para los dos indígenas. Sin embargo, el togado advirtió a los dos ciudadanos de las vinculaciones que permanecen vigentes para ambos en el caso de agresión a servidor público ocasionado en el marco de las manifestaciones de la comunidad embera.
Esto quiere decir que, aunque las dos personas ya fueron dejadas en libertad, la vinculación al proceso sigue activa. Por lo que deberán atender al llamado que la rama judicial requiera o que la fiscalía convoque. Esto, en obediencia a que la imputación de cargos fue impuesta sobre los dos indígenas.
Por su parte, el juez de la República calificó como correcto la determinación de la fiscalía para retirar la solicitud de medida de aseguramiento, toda vez que “son circunstancias que no se pueden esconder o dejar de considerar y que en últimas corresponden con los estándares internacionales para la restricción del derecho a la libertad”, sostuvo el juez.
Cabe resaltar que los hechos de violencia presentados en las manifestaciones del pasado miércoles por parte de la comunidad embera empañaron los actos de protesta y generaron el rechazo de la opinión pública. Incluso, el presidente Gustavo Petro y gran parte de su gabinete se pronunció para recriminar los hechos en cuestión. Durante esta jornada, se presentaron un total de 27 heridos.
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