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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó al Ministerio de Transporte y a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) diseñar un “protocolo arqueológico forense para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas” en el Canal del Dique.
La diligencia, adelantada por la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, tiene por objetivo que, en el marco de la ejecución del megaproyecto, se garantice la búsqueda, identificación y entrega digna de las personas dadas por desaparecidas.
“Las medidas cautelares imponen una realidad que el país debe asumir sin excusas: los megaproyectos, en zonas de alta incidencia de desaparición forzada, tienen una obligación moral como paso para reafirmar los valores de una sociedad: se deben incluir procesos exhaustivos de indagación y búsqueda de posibles víctimas”, advirtió el presidente de la Sección de Ausencia de Reconocimiento, el magistrado Gustavo Salazar.
Tras la diligencia judicial, en la que, entre otras cosas, se escucharon los testimonios de algunas víctimas del conflicto armado, los altos magistrados dieron la orden de conformar una mesa técnica que contará con la asesoría de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Procuraduría delegada ante la JEP.
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De acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz, el objetivo de la mesa técnica será trabajar en “un protocolo arqueológico forense que debe ser tenido en cuenta en la licitación para restaurar los ecosistemas degradados del Canal del Dique”.
Entre otras cosas, el protocolo deberá contar con procesos de monitoreo; registros técnicos, fotográficos, topográficos y arqueológicos y, en dado caso, con suspensiones temporales de las obras donde se presente un hallazgo o existan puntos de protección forense en los que haya la posibilidad de hacer la recuperación de algún cuerpo.
“El protocolo deberá aplicarse en cualquier tipo de intervención del Canal del Dique derivada del proceso contractual en curso o de aquellos que lo adicionen, modifiquen o reemplacen. Ordenar al Ministerio de Transporte y la ANI que en el marco de la mesa técnica del protocolo referido tenga como propósito no solo el tratamiento de hallazgos fortuitos de cuerpos, sino la garantía de los derechos de las víctimas relacionados con la búsqueda, hallazgo, exhumación, tratamiento y entrega digna”, manifestó el magistrado Alejandro Ramelli.
La JEP así mismo ordenó a la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena) informar a la UBPD de cualquier intervención que se realice en el Canal del Dique mientras se mantenga vigente dicha medida cautelar, con el fin de que se pueda “salvaguardar el proceso de búsqueda, identificación y entrega de cuerpos”.
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El Alto Tribunal también solicitó a la vicefiscal general de la Nación, Martha Janeth Mancera, elaborar en dos meses un plan de acción en el Canal del Dique que permita superar la impunidad en el Canal del Dique.
Según la JEP, entre los componentes que tendrá que incluir el plan de acción están: “las graves violaciones a los derechos humanos, en especial las desapariciones forzadas, imputables a grupos armados ilegales, agentes del Estado y terceros civiles”.
Como última medida restaurativa, los gobernadores de los departamentos del Atlántico, Bolívar y Sucre, y los alcaldes de los 20 municipios que atraviesa el Canal del Dique, tendrán que diseñar -en concertación con las víctimas- una ‘Ruta de Memoria’ a lo largo del cuerpo de agua.
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