Se trata del comerciante de calzado Hamilton Hernández Portilla, a quien un juez de Bucaramanga le concedió libertad condicional el miércoles 19 de octubre de 2022 luego de que once meses antes (el 17 de diciembre de 2021), fuera condenado a cuatro años de prisión domiciliaria, acusado de cometer el delito de omisión de agente retenedor contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (Dian).
La captura de Hernández se dio en el primer pico de la pandemia (marzo de 2020) en el municipio de El Playón (Santander), donde está domiciliado actualmente y donde pagó 28 meses de casa por cárcel por cuenta de una crisis económica que atravesó al clausurar su negocio. Lo anterior se derivó por cuenta de una deuda con la Dian –en principio– equivalente a 280.000 pesos por concepto de facturas de IVA no reportadas ante la entidad.
Una asesoría no apropiada de su contador, que le sugirió no pagar los 280.000 pesos tras las notificaciones de la Dian en 2016, fue el punto de partida para hacer estallar la crisis económica personal en una obligación tributaria que escaló a los 312.000 pesos y por la que las autoridades lo capturaron.
Fue así como Daniel Caicedo Guerrero, abogado y miembro fundador del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia y de la Fundación Defensa de Inocentes, asesoró al comerciante para que resolviera su problema legal y recuperara la libertad tras estar dos años y cuatro meses privado en su vivienda en El Playón.
Esto dijo el especialista en derecho penal desde su cuenta de Twitter:
Misión cumplida. Hoy le hemos comunicado al ciudadano Hamilton Hernández, quien pagaba condena de 4 años de domiciliaria por una obligación con la DIAN de $312.000, que ha recobrado su libertad. Así cumple la @dfinocentes su compromiso social con población vulnerable.
En diálogo con la emisora Blu Radio, Hamilton Hernández contó que en su momento la condena obedeció a un ingenuo error y culpó a su contador de la dramática situación. Así se refirió a la particular situación:
No los dejé de pagar porque quisiera, sino porque no los tenía. Estábamos en una situación difícil, no fue la única deuda, había otras obligaciones. Algunas todavía persisten. Yo consulto con el contador y me dice que no es una cifra importante, que eso no acarrea problema
Yo saliendo de esto y pudiendo volver a trabajar, hago lo posible por dejar eso en ceros. Es una cuestión de impuestos, ya lo tengo claro que debo pagarlo, pero necesito salir nuevamente a desempeñarme para mantener a mi familia y a mi mamá. No pido comprensión sobre lo que me sucedió, sino una solución para poderme encargar de mi familia
El caso de Hernández Portilla generó polémica en 2021, pues la condena de cuatro años fue considerada excesiva dada la pequeña obligación pendiente con la Dian por parte de la empresa que creó en 2008 para comercializar calzado en Rionegro, Santander.
En 2009 su negocio quebró y de ahí a 2016 fue notificado, pero nunca saldó la deuda con la Dian. Posteriormente, fue sentenciado en 2018 y dialogó con el periódico Vanguardia para reprochar la desproporción con la que fue atendido su caso:
Yo me imaginé de todo menos que movieran el aparato judicial y me empezaran un proceso. Se gastaron más dinero que el que yo estaba debiendo en la Dian para condenarme. En derecho hay algo que se llama la proporcionalidad de acuerdo a la persona, a la situación, al entorno familiar. Ahí es donde uno se pregunta ¿Qué pasó aquí?
El por entonces director de la Dian, Lisandro Junco, habló sobre la situación de Hernández con la emisora Blu Radio y argumentó que la condena obedece a la negativa del comerciante de acercarse a la entidad para buscar un acuerdo de pago:
La omisión de agente de retención es un delito. Quien condena es la Fiscalía y los jueces penales. La obligación de nosotros es hacer la denuncia penal. Lamentablemente eso no tiene cuantía porque la retención en la fuente, como usted bien lo sabe, es cuando se paga, de parte de un tercero, hay un agente retenedor, que es este sujeto y él no pagó lo que le pagaron. Se quedó con lo que el tercero le pagó al Estado
Finalmente, el jueves 20 de octubre de 2022 el Juzgado 2º Penal del Circuito de Funciones en Bucaramanga dejó una constancia secretarial de la libertad del condenado y notificó a las partes en cuestión.
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