Defensores de la reserva natural de la cuenca alta de Río Bogotá, del Municipio de Tabio, y el Grupo de Energía de Bogotá (GEB) están enzarzados en un enfrentamiento debido a un megaproyecto energético que lleva más de ocho años sin resolverse y que podría poner en jaque la seguridad energética del centro del país.
El proyecto UPME 03- 2010 Subestación Chivor II y Norte 230 KV para líneas de alta tensión asociadas, que contará con 292 torres de energía eléctrica que estarán ubicadas en 13 municipios de Cundinamarca, entre estas Tabio; y siete de Boyacá, vienen presentando complicaciones en su ejecución por las constantes discusiones entre la entidad y algunos habitantes de este territorio.
Según proyecciones, estas torres estarían entrando en operación en el primer semestre de 2025; sin embargo, 13 de estas se han convertido en el centro de polémica, ya que ponen en riego, según la comunidad de Tabio, la protección ambiental de la zona donde estarán ubicadas.
“El proyecto no ha tenido una debida socialización y su construcción podría invadir predios privados en las veredas vecinas a este municipio”, señaló Birna Ávila, líder ambientalista.
Por su parte, la GEB asegura que este proyecto se ha venido realizando conforme a la ley, respetando a la comunidad y al medioambiente, lo que se suma a su importancia para la estabilidad eléctrica de la región. Según vocería de la entidad, la seguridad energética del centro del país depende de este proyecto.
Cabe resaltar que la zona donde se vienen adelantando estos trabajos hay redes muy antiguas que compromete la calidad y estabilidad del servicio en Bogotá, Cundinamarca, Tolima, Meta y Boyacá. La entidad ha resaltado que si no se realiza, se corre un gran riego, porque no se cuenta con un plan B, de hecho, si se llega a caer alguna de estas líneas no se tendría el cómo remplazarla.
Entre los reclamos de la comunidad, resalta la labor que está realizando Birna Ávila, líder ambientalista promotora de la campaña Change.org, que actualmente cuenta con cerca de 80.000 firmas digitales que apoyan la petición de no permitir que este proyecto avance y ponga en riesgo el hábitat en la zona.
Cabe resaltar que al pasar de los días, esta solicitud se ha hecho viral en redes sociales con más de un millón de interacciones. Esta iniciativa busca que se haga un pronunciamiento oficial, no solo del Grupo de Energía de Bogotá, sino de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y el Ministerio de Medio Ambiente, siendo esta la que puede frenar el proyecto.
Ávila ha realizado un seguimiento en detalle al megaproyecto desde 2020 y advierte que una de las torres, puntualmente la número 81, es la que amenaza una zona del páramo. “Se ubicará en los cerros occidentales entre Tabio y Subachoque, justo en la mitad de un páramo lleno de frailejones, donde nacen la quebrada Oya Montosa y otras más que hacen parte de la red hídrica del Río Frío”, asegura.
Según la líder ambiental, la línea de conexión para líneas de alta tensión recibió la ratificación de Autoridad Nacional de Licencias Ambientales el pasado junio de 2020, pese a que por más de ocho años la comunidad vecina al área de reserva forestal de la cuenca alta del río Bogotá ha interpuesto herramientas ambientales, jurídicas y sociales con el fin de lograr el cambio de la ruta de esta línea.
“No se entiende como el descuido de una entidad, que debe mantener en óptimas condiciones las redes de alta tensión, pone en riesgo la seguridad energética del país y usa como excusa su descuido para pasar una red en medio de una zona de exclusión”, añadió Ávila.
Por otro lado, según declara la comunidad de Tabio, ni el grupo de Energía de Bogotá ni la ANLA, corroboraron los puntos de ubicación de las torres, por lo tanto, desconocían del impacto ambiental del megaproyecto. Solo hasta el 24 de febrero de 2022 la autoridad ambiental envió a un ingeniero para generar un informe.
Este informe logró evidenciar vegetación de páramos en la torre 81 y bosques de encenillos en otras 17 torres más, a lo que Ávila señala que existen acuíferos y nacimientos de agua en ubicaciones cercanas a varias torres, que están a menos de los 100 metros autorizados de distancia.
Birna Ávila ha resaltado que la comunidad ambientalista no se opone al desarrollo y su deseo es apoyar las obras de infraestructura, teniendo en cuenta la imposición de la medida preventiva a los trabajos de esa torre.
“Quisiéramos acudir a la oportunidad que abrió la ANLA para cumplir, no solo con la protección de la reserva, sino con el tratado AICA –Área Importante para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad– suscrito a nivel internacional para el cuidado de las aves habitantes de la cuenca alta del río Bogotá y de su corredor migratorio”, agrega Ávila.
Para el Grupo de Energía de Bogotá todo se encuentra en regla, asimismo ,señala que todas las quejas de la comunidad se han atendido en debida forma. Desde que inició el proyecto con el proceso de estudios se ha realizado la respectiva socialización.
“Este fue uno de los requisitos, de lo contrario la ANLA hubiera rechazado el trámite”, señaló un vocero del GEB.
En cuanto a las críticas por el impacto al medio ambiente, Alejandro Giraldo, gerente Ambiental de Trasmisión de la Empresa de Energía de Bogotá, indica que estos proyectos son de bajo impacto, “porque lo que hacemos es ubicar una torre con un cimiento promedio de 3 o 4 metros, no es de 40 como lo señala la comunidad”.
Finalmente, el pleito sigue y todo indica que, por lo menos en el corto plazo, no se visualiza una solución definitiva. Según lo evidenciado por la comunidad de Tabio, nunca se corroboraron los datos del GEB, lo que no corresponde con la realidad de esta zona.
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