El último pueblo nómada de Colombia vive en condiciones precarias, en el exilio de su territorio por la violencia, con inexistente acceso a atención básica, mientras los recursos para su protección y retorno a su resguardo se encuentran desde hace décadas congelados en cuentas bancarias municipales con imposibilidad de ejecutarlos. Ese es el panorama que halló la Contraloría General de la República respecto a la deuda del Estado con el pueblo Nukak.
Con una sentencia del 2004, dos autos en 2009 y en 2012 de la Corte Constitucional y en el Acuerdo de Paz con las Farc se ha instado al Estado a proteger a los indígenas Nukak, pero de acuerdo con el ente de control, la falta de voluntad y las debilidades y limitaciones institucionales han impedido mejorar las condiciones de vida de los nómadas.
Así lo determinó el seguimiento permanente de la Contraloría a través de un informe. En él se estableció que a agosto de 2022 se identificó una población de 1.001 personas Nukak, 987 en el municipio de San José del Guaviare y 14 en El Retorno, que se encuentran ubicadas en 13 asentamientos. Cerca del 60% son niños y adolescentes, el 20% jóvenes, y el 20% restante adultos y adultos mayores.
Aunque esta población especialmente protegida cuenta con un resguardo de 954.480 hectáreas ubicado en el departamento del Guaviare, que lo convierte en el más grande del país, solo tres asentamientos se encuentran en este territorio, debido a que los demás han tenido que huir desplazadas a causa de la violencia. Como lo detalló el portal Rutas del Conflicto, además, su territorio está siendo fragmentado por carreteras ilegales y deforestación que sirve a cultivos ilícitos y ganadería.
Uno de los hallazgos de la Contraloría, es que aunque se han destinado 9.559 millones de pesos para la salvaguarda de esta población, estos recursos no se han ejecutado desde el año 2000. Este dinero corresponde a las Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para los resguardos indígenas (AESGPRI) y está congelado en cuentas del Ministerio del Interior, la alcaldía de San José del Guaviare y del Retorno.
El informe detalla que no se han podido ejecutar porque no se ha cumplido con la construcción de la ruta de acción integral y el plan integral para el retorno del pueblo Nukak, como tampoco con el reconocimiento jurídico y legal de autoridades de esta población a cargo del Ministerio del Interior. Sobre este último no hay respuesta clara, según la Contraloría.
“Es contradictorio que mientras éstos siguen acumulándose, el Pueblo Nukak mantiene condiciones de vida deficientes y precarias, que le impiden gozar de derechos básicos y acceder a bienes y servicios públicos como se describe en los siguientes puntos”, señaló la CGR.
Los recursos se ha giraron entre 2002 y 2015, pero no fueron ejecutados por falta del reconocimiento de autoridades con quienes concertar su uso, así como por la situación de desplazamiento. Desde el 2014 se ordenó retornar los recursos al tesoro nacional y desde el 2016 se han girado directamente al Ministerio del Interior, que tampoco los ha ejecutado.
Otro de los hallazgos de la CGR es que esta población no cuenta con “un modelo de salud propia o de un modelo étnico que se adecúe a sus particularidades sociales y culturales, no se encuentran afiliados al sistema de salud y los centros de salud colindantes a sus asentamientos se encuentran en total abandono”.
Uno de los problemas para su atención es salud es la falta de identificación y documentación, no hay listados censales validados por el Ministerio del Interior para su afiliación, como tampoco hay herramientas adecuadas de caracterización. “Al mes de agosto de 2022, 638 indígenas Nukak se encuentran afiliados al SGSSS, de los cuales, el 61% están indocumentados”.
No existe un enfoque diferenciado de registro e identificación para los indígenas nómadas. La CGR encontró que algunos indígenas están registrados con nombres occidentales con los que ya no desean ser identificados y se desplazan constantemente, lo que dificulta su identificación.
“La concepción cultural sobre un nombre no permanente durante toda su vida lo que conlleva a cambios constantes de nombre y doble cedulación, la pérdida del documento de identidad dada la baja importancia de este documento en su sistema de vida, la carencia y/o pérdida de la huella, el no contar con servicios de biometría para certificar la identificación de las personas y su concepción distinta del tiempo, por lo cual no identifican fechas de nacimiento ni edades”, señaló el informe.
El pueblo Nukak también presenta dificultades para su alimentación. Las ayudas humanitarias de la Unidad de Víctimas no son suficientes ni se entregan con regularidad, de acuerdo a lo manifestado por los mismo indígenas a la CGR. Además, la deforestación ha cambiado la dinámica de sus territorios, impidiéndoles la caza y pesca tradicional, movilizarse por el territorio y en su concepción no está el cuidado y mantenimiento de cultivos.
La formulación del Plan de Salvaguarda tiene 13 años de retraso y el Plan Provisional Urgente de Reacción y Contingencia lleva 9. Así mismo, no se ha avanzado en el desminado del territorio de resguardo y algunas comunidades han retornado sin acompañamiento institucional.
La Contraloría exhortó en los numerosos problemas al Ministerio del Interior a tener un mayor liderazgo, para articular las acciones como responsable de la política indígena. Además, se requieren acciones tanto de orden nacional como municipal para lograr el reasentamiento y protección de una población que lleva décadas en peligro de extinción.
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