Senadora María Fernanda Cabal denuncia que ‘primera línea’ podría ser indultada si se aprueba la ley de Orden Público

Un artículo del proyecto de ley le entregaría facultades al presidente para ordenar la libertad de las personas condenadas en el marco de la protesta

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La  senadora del Centro Democrático lidera la oposición al gobierno de Gustavo Petro. Fotos: Colprensa
La senadora del Centro Democrático lidera la oposición al gobierno de Gustavo Petro. Fotos: Colprensa

En las plenarias de Senado y Cámara convocadas para este miércoles, se va a votar en segundo y último debate el proyecto de ley 418 o de Orden Público. El objetivo de este proyecto es que el gobierno Nacional tenga herramientas legales para implementar una de sus apuestas fundamentales; ‘la paz total’, propuesta del presidente Gustavo Petro.

La aprobación de esta iniciativa es trascendental para el desarrollo de las negociaciones del gobierno Nacional con los grupos armados y, el sometimiento a la justicia por parte de grupos criminales.

Sin embargo, durante la noche del martes, la senadora María Fernanda Cabal denunció que, en uno de los articulados del proyecto de ley de ‘paz total’, se le entregan facultades de parte del Ministerio de Justicia al presidente, en este caso, Gustavo Petro, para indultar a las personas que hayan sido condenadas en el marco de las protestas.

“Facúltese al presidente de la República para que, en el marco de la política de Paz Total, pueda otorgar indultos a aquellas personas que hayan sido condenadas por conductas desplegadas en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta social”, señala el artículo 17 del Capítulo IV del proyecto de ley.

De igual forma, el documento también indica expresamente que el ministro de Justicia, en este caso Néstor Osuna, debe entregarle al presidente un listado de las personas que se podrían beneficiar de esta medida.

“El Ministerio de Justicia y del Derecho deberá entregarle al presidente de la República el listado de las personas que pueden ser beneficiarias de esta medida”, dice el parágrafo de este artículo.

La posibilidad de que el presidente pueda indultar a las personas condenadas en el marco de la protesta, en específico, a los integrantes de la ‘primera línea’, entendiendo que algunos integrantes de este grupo permanecen con medida de aseguramiento en varias cárceles del país, generó un profundo rechazo por parte de algunos congresistas de oposición al gobierno de Gustavo Petro.

“Pretende que el presidente pueda indultar a todos los de la primera línea, es decir, no contentos con que casi acaban con el país, entonces los van a sacar de la cárcel”, sostuvo la senadora por el Centro Democrático, Paloma Valencia.

Asimismo, la senadora María Fernanda Cabal manifestó su rechazo a este posible indulto a través de su cuenta de Twitter.

Tweet de María Fernanda Cabal respecto al indulto que se le concedería a los integrantes de la 'primera línea'. Foto tomada de @MariaFdaCabal
Tweet de María Fernanda Cabal respecto al indulto que se le concedería a los integrantes de la 'primera línea'. Foto tomada de @MariaFdaCabal

Sin embargo, esta posibilidad que plantea el proyecto de ley de Orden Público fue defendida por parte de militantes del Pacto Histórico. Por su parte, la senadora Gloria Flórez afirmó que conoce de muchos casos en los que, los jóvenes detenidos están inmersos en procesos judiciales en los que se les ha “montado” delitos que no han cometido, tal como aseguró la congresista.

No obstante, este es un artículo que ya había sido criticado en momentos anteriores, el senador Miguel Uribe publicó en su cuenta de Twitter el pasado 6 de agosto:

“Preocupan los beneficios y diálogo político con narcotraficantes, el indulto de la primera línea y el perdón social a los criminales. Eso no es paz total, es impunidad total”.

Es válido resaltar que un sector del congreso ha demostrado interés en asesorar y supervisar los procesos judiciales de las personas capturadas por hechos sucedidos en medio de las protestas del 2021. Actualmente, funciona una comisión accidental en el congreso para supervisar las garantías y el cumplimiento los Derechos Humanos de las personas capturadas.

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