Alcaldía de Bogotá instalará una mesa de diálogo con la comunidad embera tras protestas violentas

En la tarde de este miércoles 19 de octubre se registró una jornada de protestas violentas de la comunidad embera que terminaron afectando a civiles y miembros de la fuerza pública. Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) de la Policía Metropolitana de Bogotá, la alcaldesa encargada, Edna Bonilla, brindó detalles de la situación.

De acuerdo con Bonilla, fueron alrededor de 200 indígenas embera los que iniciaron un recorrido hacia el centro de la ciudad. A las 9:20 de la mañana llegaron al Parque Santander, “en donde se intentó una toma del edificio de Avianca, en el que aproximadamente estaban 1.400 personas”. En ese momento, los gestores de diálogo y convivencia hicieron lo posible por evitar la violencia y habían acordado una mesa de diálogo para las 2:00 de la tarde.

“Desafortunadamente, y aunque cumplimos con todos los protocolos (...) se inició una acción de fuerza, una acción violenta”, precisó la alcaldesa encargada. Además, destacó que se instrumentalizó a menores de edad y mujeres durante las protestas. Por ese motivo, “se vio necesaria la intervención de la fuerza pública”, que incluyó al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

En total hay 27 heridos, de los cuales 8 son gestores de diálogo y convivencia, 14 son miembros de la Policía Nacional y 5 son civiles. “Todos están siendo valorados en este momento, ninguno reviste una gravedad”, comentó Edna Bonilla. Asimismo, comentó que con el apoyo del Gobierno nacional se instalará una mesa de diálogo con la comunidad embera para solucionar una problemática que lleva bastante tiempo.

Este es uno de los videos que registraron en redes sociales:

“El llamado que nosotros hacemos: Bogotá garantiza el derecho a la protesta, garantiza los derechos humanos, pero no acepta ninguna forma de violencia”, puntualizó la alcaldesa (e). Por esa razón, a pesar de que la Alcaldía ha velado por los derechos de la población embera durante más de dos años, “hoy les estamos dando las gracias a la Policía por todo el trabajo que se ha adelantado y estamos acompañándolos”, agregó.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Aníbal Fernandez de Soto, aseguró que respetan el derecho constitucional a la protesta, “otra cosa es la violencia, el vandalismo y la agresión a los ciudadanos”. Los hechos que vivió la capital hoy fueron rechazados por la administración local y por eso “apoyamos y respaldamos la actuación que tuvo hoy la Policía”.

Las autoridades capturaron a dos personas en flagrancia y “estamos ofreciendo una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que nos permita identificar y llevar a la justicia a los responsables de estos hechos violentos”. Asimismo, el secretario invitó a los ciudadanos a denunciar, especialmente aquellos que sufrieron daños en sus bienes privados. “Vamos a acompañar con toda firmeza a los ciudadanos que lo requieran”, agregó.

El secretario de Gobierno, Felipe Jiménez, expuso que las acciones de este miércoles corresponden a “un acto de violencia injustificada”. El funcionario recordó que el distrito ha sido “solidario” al trabajar con el Gobierno nacional, el Ministerio del Interior y la Unidad para las Víctimas para ayudar a la comunidad embera, “pero no vamos a permitir que en la ciudad de Bogotá violenten a los ciudadanos, a los gestores y a la Policía”.

Es importante precisar que si bien Edna Bonilla es la alcaldesa encargada, Claudia López ―la mandataria local que está de viaje― envió un mensaje en sus redes sociales: “Esto no es protesta social! Es violencia inaceptable, que no debe quedar impune! La impunidad al abuso y violencia solo incentiva su reproducción. Así como he denunciado y hecho judicializar abusos de miembros de la fuerza pública, haré lo propio con esto”.

El coronel Herbert Benavides, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, precisó que las acciones violentas corresponden a delitos del código penal: violencia contra el servidor público, lesiones personales, obstrucción a la función pública y asonadas. “Lo más grave, la instrumentalización de niños, niñas y adolescentes”, puntualizó el uniformado y resaltó la presencia de mujeres embarazadas.

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