La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), a través de un comunicado, reiteró que el periodista Rafael Emiro Moreno estaba a la espera de que mejoraran sus medidas cuando fue asesinado en la noche del pasado domingo en el municipio de Montelíbano (Córdoba).
“A pesar de que recientemente había recibido amenazas y existían solicitudes para reforzar su esquema de seguridad, la Unidad Nacional de Protección (UNP) no reforzó su esquema. El asesinato de Moreno sería el primero que ocurre bajo la protección del Estado (sic)”, señalaron en su comunicado.
En esa ONG indicaron que el comunicador caribeño estaba siendo víctima de intimidaciones desde el 2019 luego de realizar publicaciones relacionadas con hechos de corrupción y sobre grupos armados ilegales en el departamento en el que trabajaba, por lo que desde la UNP le asignaron un escolta y le entregaron un chaleco antibalas, así como un botón de pánico, pese a ello tuvo que pedir a esa entidad más protección.
“El 12 de julio de 2022 la FLIP informó de dos nuevas amenazas que recibió el periodista al Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas –CERREM- de la UNP. A pesar de estos nuevos hechos y de que el periodista expresó la necesidad de un refuerzo de su esquema, la UNP decidió mantener las medidas que ya tenía (sic)”, indicaron.
Tras el crimen, desde la Flip le pidieron a la entidad de protección gubernamental que se investigué por qué no se le reforzó la seguridad al comunicador y si hubo irregularidades cuando lo ultimaron. También instaron a las autoridades judiciales para que no haya impunidad con este caso.
“Hacemos un llamado a la Fiscalía General de la Nación a investigar estos hechos con celeridad y tener en cuenta como principal hipótesis la labor periodística de Moreno”, solicitaron en la misiva.
También señalaron que en el sur de Córdoba, en especial en Montelíbano, los periodistas se encuentran en grave peligro por su ejercicio profesional.
“En esta región de Córdoba los periodistas no tienen garantías suficientes para hacer su trabajo. Durante el 2022, seis comunicadores de Montelíbano han reportado amenazas y otros dos han sido hostigados en otros municipios del departamento. Este asesinato profundiza el riesgo y la sensación de miedo para ejercer el periodismo”, afirmaron.
De hecho el periodista investigativo y cofundador del portal digital Vorágine, José Guarnizo, publicó en Twitter un hilo sobre el duro panorama para los comunicadores en ese departamento de la región Caribe.
“Cuando matan a un periodista dejan herida a una familia, a unos amigos, eso es obvio, pero también dejan fracturada a la sociedad entera. El asesinato de Rafael Moreno es una estocada y un síntoma de lo que está ocurriendo en el sur de Córdoba (sic)”, trinó.
Agregó que la UNP debe responder por este hecho que enluta al periodismo colombiano retomando lo que señaló la FLIP de que Moreno fue ultimado mientras esperaba que mejoraran su esquema de protección.
“Moreno había pedido un refuerzo a su esquema de seguridad (en la regiones de Colombia los periodistas se juegan la vida con cada cosa que publican). Pero la @UNPColombia hizo caso omiso. Esta entidad tiene que responder. Así sea ante lo irremediable (sic)”, dijo en la red social.
Aseguró finalmente que Moreno estaría generando bastantes molestias tanto a los grupos armados que delinquen en esa zona del país, como también a quienes se dedican a la minería ilegal. Finalmente le pidió a la actual administración Nacional que tomé medidas por este caso.
“En Montelíbano y Puerto Libertador están pasando cosas muy oscuras. Y esto también le compete al gobierno de @PetroGustavo: ustedes tienen ahora la responsabilidad de convertirse en un Estado presente y no dejar a los ciudadanos desamparados”, concluyó.
Entre tanto en la emisora La W Radio consultaron con la UNP donde afirmaron que el comunicador sí contaba con su esquema de seguridad, pero que el día de su homicidio le había dicho a su guardaespaldas que podía irse y que le llamaría ante cualquier emergencia.
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