Emilio Tapia asegura que gracias a él se conoce el escándalo de corrupción de Emcali

El excontratista Emilio José Tapia Aldana aseguró este martes 18 de octubre que fue él quien denunció ante la justicia la posible corrupción en Empresas Municipales de Cali (Emcali). El exempresario cumple actualmente una condena por el carrusel de la contratación en Bogotá y es investigado por el escándalo de Centros Poblados, que buscaba llevar internet a las zonas rurales del país.

Emilio Tapia entregó un comunicado de prensa ―desde la cárcel El Bosque en Barranquilla, en donde permanece recluido― sobre el caso por el que le imputaron nuevos cargos recientemente. “Las presuntas irregularidades acaecidas al interior de los referidos procesos licitatorios adelantados por Emcali y desconocidas hasta entonces por las autoridades, fueron producto de mi ánimo de colaboración con la administración de justicia y consecuente”, se lee en el documento.

Ese pronunciamiento tiene que ver con los más recientes hallazgos del caso de Emcali. El pasado 12 de octubre, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a Emilio José Tapia Aldana por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento privado. Esos cargos implicarían al excontratista en nuevos actos de corrupción.

En contexto: Fiscalía imputó nuevos cargos a Emilio Tapia, detenido por el escándalo de Centros Poblados, ahora por irregularidades en Emcali

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el material de prueba indica que presuntamente Tapia, en compañía de otras tres personas, habría gestionado la obtención de documentos con información falsa. De esa forma, podría soportar las millonarias licitaciones ante Emcali en 2021.

En la investigación también se determinó que, al parecer, el exempresario habría controlado un conglomerado de empresas que se presentó a dos procesos contractuales relacionados con la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAR) de Puerto Mallarino fase uno. Esos contratos ascendían en valor a 3.798 millones y 2.414 millones, respectivamente.

“Uno de los requisitos exigidos a los oferentes era presentar el aval comercial de un banco que garantizara un crédito por el 30% del valor de cada uno de los contratos”, manifestó la Fiscalía. Esa obligación no la cumplió el consorcio del procesado, por lo que los documentos “denominados Certificados de Cupo de Crédito Aprobado, los cuales fueron presentados como soporte ante Emcali”, agregó.

Para Emilio Tapia, esa información no es reciente, pues en su declaración —cuando inició la investigación por el contrato del Ministerio de las TIC y Centros Poblados― puso en conocimiento la situación a la Fiscalía. “En modo alguno, como parece sugerirse en medios, los referidos hechos corresponden a aspectos novedosos y, mucho menos, tienen origen diferente a mi propia denuncia sobre su existencia y circunstancias expuestas en detalle sobre participación, tiempo, modo, lugar, etc.”, detalló en el comunicado.

Por otra parte, volvió a expresar su intención de hablar sobre esas irregularidades. Esto con el objetivo de garantizar “la absoluta observancia de los principios de verdad, reparación y no repetición con los que he obrado firmemente dentro de las actuaciones judiciales en las que se me ha vinculado”. Asimismo, afirmó que desde su sitio de reclusión continuará “colaborando con las autoridades para el esclarecimiento y apoyo a la verdad”.

Durante la administración del expresidente Iván Duque, el Ministerio de las TIC realizó un proceso contractual con la Unión Temporal Centros Poblados. El objetivo era cerrar la brecha de acceso a internet a las zonas rurales más apartadas de los cascos urbanos, por lo que se instalarían 7.277 centros digitales.

La empresa encargada no tenía la capacidad ni la experiencia para llevar a cabo el proyecto. Además, la cartera le entregó un anticipo de 70.000 millones de pesos, los cuales fueron enviados a un paraíso fiscal en Estados Unidos.

En este caso, la pieza clave y fundamental es Jorge Enrique López Benavides, quien fue capturado en mayo de este año. Este sujeto es fue acusado de falsificar el contrato con el Ministerio de las TIC, para desviar fondos que, presuntamente, terminaron en manos del empresario Emilio Tapia.

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