Coronel del Ejército que se vio involucrado en un caso de secuestro en Bogotá podría ser ascendido a general

El pasado 15 de octubre se llevó a cabo la reunión de la junta asesora de generales del Ejército Nacional. En ella, se seleccionó la lista de nombres de los oficiales de las Fuerzas Militares que, para el año 2023, realizarán el Curso de Altos Estudios Militares para ascender a Brigadieres Generales. En total, fueron seleccionados 23 uniformados del Ejército, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana. La polémica ronda aquella determinación debido a las acusaciones que recaen sobre uno de ellos.

Aunque según las directivas de estas entidades los elegidos cuentan con los parámetros suficientes para ello, es decir, con los aspectos “legales de carrera y en las directrices y procedimientos establecidos por cada una de las Fuerzas”, la comunidad cuestiona el proceso, particularmente, la presencia del oficial César Augusto Martínez, sobrino del excomandante de la institución, Nicacio Martínez.

Es de destacar que Martínez se vio involucrado en el escándalo del secuestro de Johan Styven Beltrán Motta, en junio del 2019. Este caso hizo que las fuerzas armadas del país se vieran en el ojo del huracán. Para aquel entonces, de acuerdo con lo que reza la investigación, hombres del Gaula Militar habrían abordado al joven bajo la excusa de que, en su contra, recaía una orden de captura por parte de la justicia colombiana. Luego de tenerlo en su poder, la familia del joven aseguró que recibieron llamadas en donde la extorsionaban para la liberación del muchacho.

En las llamadas, los hombres se hacían pasar por hombres pertenecientes a las Autodefensas, y aseguraban que dejarían Beltrán Motta en libertad si pagaban una extorsión que ascendía a los 800 millones de pesos. El uniformado, que ahora se encuentra en lista de ascenso para el año 2023, se ve involucrado en este caso porque el delito habría sido cometido con ayuda de un vehículo oficial que había sido asignado a su nombre.

En su momento, sin embargo, la fiscal 94 delegada ante el Gaula de Bogotá, Gladys Ramírez Acero, detalló que el oficial César Augusto Martínez Páez, director nacional de Gaulas Militares, se había encargado de apoyar las labores de investigación. “Fue, precisamente, este alto oficial militar quien aportó, sin obstáculo alguno, los elementos materiales probatorios y colocó todo su equipo de apoyo para solicitar ante el Juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías, la captura de varios de los militares aquí cuestionados penalmente”, se lee en el expediente del caso.

“Por razón de la reserva sumarial y la gravedad de los hechos, este despacho fiscal exigió al coronel Martínez Paez, se abstuviera de dar información alguna sobre el desenvolvimiento de la investigación hasta tanto no se solicitaran las capturas ante Juez Constitucional (...) Sin la decidida y transparente gestión del señor Coronel Martínez Páez, este despacho fiscal no hubiera logrado el éxito investigativo, ni lograr la captura real y física de uno de los indiciados seriamente comprometido de este asunto”, añadió la Fiscal.

Fue en julio de ese mismo año, un mes después del secuestro, que el joven fue liberado. Había sido secuestrado en el barrio María Paz de la localidad de Kennedy, en el sur occidente de Bogotá. Fue rescatado el día 25 de ese mes en el municipio de Soacha, en Cundinamarca. En agosto del 2019, la juez 17 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, dictó medida de aseguramiento con detención preventiva de la libertad en la cárcel La Picota contra el sargento segundo de Infantería de Marina Dick Rodríguez Fuentes, señalado como uno de los culpables del secuestro.

Según contó el joven liberado, los cuatro uniformados que lo interceptaron le aseguraron que la captura se debía a una denuncia por acoso sexual en su contra. Aquel hecho, supuestamente, habría ocurrido en Bucaramanga, Santander.

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