Judicializados por desviar $1.800 millones de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a 13 personas señaladas de participar en la desviación ilegal de 1.800 millones de pesos de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira).

Las investigaciones dan cuenta de que habría sido presentadas y tramitadas cuentas de cobro sin que existiera un vínculo laboral o contractual con la institución. En ese sentido, los hoy procesados, al parecer, recibieron en sus cuentas bancarias pagos por actividades y servicios que nunca se prestaron.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público a: Mónica María López Dangond, Marta Cecilia García Rangel, Brthany Bissett Bautista, Lizyani González de Luque, Merlín Johana González Redondo, Pamela Nertih Peralaya Moscote, Yajaira Epiayú Uriana, Ramiro Antonio Bautista Martínez, Fabio Andrés López Suárez, Claro Miguel Socarrás Ramírez, Alan David Bautista García, Javier Alfonso Fragozo Daza y Cristian Andrés Roys Brito.

De acuerdo con el material probatorio recaudado, el entramado ilegal presuntamente fue dirigido por un funcionario que falleció. También estaría involucrado el extesorero de Corpoguajira, Ramón José Aguilar Blanco, quien fue imputado y cumple medida de aseguramiento por desviar 1.766 millones de pesos de la entidad a cuentas de particulares.

El material probatorio recaudado por la Fiscalía le permitió a un juez enviar a la cárcel al tesorero de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira), Ramón José Aguilar Blanco, quien habría desviado a particulares fondos de la entidad por 1.766 millones de pesos.

Los hechos investigados ocurrieron entre marzo de 2020 y marzo de 2021, cuando al parecer Aguilar Blanco habría autorizado de forma irregular 89 transferencias bancarias electrónicas a 10 cuentas de ahorros de personas naturales que no tenían ninguna clase de vínculo laboral o contractual con la entidad.

La Fiscalía lo imputó por los delitos de peculado por apropiación agravado en concurso homogéneo y sucesivo con acceso abusivo a un sistema informático.

En otros casos de corrupción, la Procuraduría General de la Nación formuló cargos al exdirector de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, Óscar Marino Gómez García, por un posible detrimento patrimonial en la suscripción de dos contratos, que el órgano de control investigó luego de recibir denuncias formales de la oficina de control interno de la entidad.

De acuerdo con la información revelada por la Procuraduría, Gómez García presuntamente habría participado en la etapa previa y posterior firma de dos contratos por un monto de $34 millones.

Dichos contratos tenían como finalidad adelantar obras de muros y losas en la escalera y rampa del edificio principal de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, y acondicionar un salón en el sótano de la entidad.

A tenor de lo proferido por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal Gómez Muñoz al parecer eludió el trámite de selección objetiva y contrató bajo la modalidad de mínima cuantía, a pesar de que el valor requerido era un proceso de selección abreviada, que establece un mayor número de requisitos habilitantes según lo dispuesto en la normativa vigente.

Así lo aseguraron desde el ente de control, argumentando que el exdirector habría desconocido “los principios de transparencia y responsabilidad que rigen la contratación estatal, teniendo en cuenta que para ello se valió presuntamente de la división artificial del objeto contractual, dando lugar a la elusión del trámite de selección objetiva de contratista previsto en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”.

Por lo anterior, la Procuraduría calificó provisionalmente la falta de Gómez Muñoz como gravísima.

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