A su esposo lo mataron los paramilitares, a su hijo de cinco años lo asesinaron las Farc, ahora el Estado le dice que no le debe nada

La vida de Yasmin Velásquez Briceño está marcada por el dolor, la injusticia y el olvido. “Es tremendo todo lo que me ha pasado a mí”, repite una y otra vez esta mujer a la que el conflicto armado le dejó varias marcas en su corazón. Es víctima de desplazamiento forzado, vio los asesinatos de su hijo y su marido, y el Estado colombiano la ha ignorado varias veces.

Desde su casa en el barrio San Silvestre de Barrancabermeja esta mujer, que hoy se dedica a la vigilancia privada, le contó a Infobae Colombia su camino de dolor, que incluye el asesinato de su compañero sentimental, Gabriel Torres Oquendo, en 2001, a manos de grupos paramilitares al señalarlo de colaborador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

“En este país se dicen tantas cosas que es mejor no ponerle atención a todo”, dice Yasmin, mientras saca un pila de documentos que dan cuenta de su incansable lucha. Lo cierto es que el 4 de julio de 2001, 155 días antes de su asesinato (6 de diciembre de 2001), Gabriel Torres juró ante la personería municipal de Barrancabermeja que había sido desplazado de la vereda San Rafael de Chucuri, junto a su núcleo familiar, compuesto por su compañera Yasmin y sus hijas Charine y Jasmin, por “motivos ideológicos y políticos en el marco del conflicto armado”.

El 30 de agosto de 2005, el defensor del pueblo regional del Magdalena Medio, Jorge Enrique Gómez Lizarazo, le envió una carta de queja al Fondo Nacional de Vivienda en la que confirma el desplazamiento de la familia de Yasmin.

Yasmin se postuló al Fondo de Vivienda para recibir un subsidio como víctima del conflicto armado, pero se lo negaron. Así se lee en la carta de la Defensoría del Pueblo.

La noche del domingo 24 de octubre de 1999 fue la más difícil para Yasmin, su hijo Heiner de Jesús Torres Velásquez, de cinco años de edad, fue asesinado en medio de un conflicto del que no sabía nada. Desde ahí empezó un camino de revictimización por parte de las entidades estatales hasta el día de hoy.

Ese día en Colombia un gran número de personas se movilizaron en contra de la violencia. La marcha organizada por la Fundación País Libre convocó a miles de colombianos en más de 600 municipios que exigieron, entre otras cosas, el fin de la desaparición forzada, las masacres, el desplazamiento y el secuestro.

Pero Colombia es capaz de todo. En la noche de ese domingo, un grupo de guerrilleros de las Farc llegó al barrio San Silvestre cuando los habitantes se dedicaban al descanso. Según registros de medios locales de la época, “en la carretera principal hizo su aparición una camioneta de estacas con diez hombres jóvenes con el rostro descubierto. Todos ellos llevaban armas de largo y corto alcance”.

Cuando los subversivos se bajaron del vehículo, Yasmin se estaba bañando. Los hombres armados se dirigieron a las casas del barrio, “disparando como locos contra las viviendas”, registró el medio local La Noticia. Cuando oyó los tiros, Yasmin cerró la llave del agua y salió corriendo en busca de Heiner.

La noticia que recibió fue la peor de todas. A tres casas del lugar donde todavía vive, y donde recibió a Infobae Colombia para contarle su historia, una bala penetró a través de las paredes de madera e impactó en el cráneo del niño que cayó desplomado en el piso. Esa misma noche fue remitido a Bucaramanga y en el hospital González Valencia, falleció 72 horas después.

“En ese momento todo fueron lágrimas y la herida no sanará. Es muy berraco lo que me ha pasado”, recuerda Yasmin, con una valentía que no le quiebran las palabras y la impulsa a preguntarse dónde está la plata que le debería entregar el estado colombiano como indemnización por el asesinato de su hijo.

Algunas víctimas del conflicto armado dicen que lo más difícil del proceso que adelantan para superar sus tragedias es la revictimización que sufren por parte de un sector de la sociedad y algunas entidades del Estado. Según la Comisión de la Verdad, el concepto de revictimización “se entiende como el riesgo de que las personas vuelvan a ser golpeadas por la violencia”, violencia que puede ser física, o no.

Este podría ser el caso de Yasmin. En 2005 Acción Social le entregó 12.094.940 millones de pesos por el asesinato de su compañero Gabriel Torres Oquendo. Con esa plata se compró un pequeño apartamento en Barrancabermeja para dejarlo de herencia a sus hijas. Una de ellas no aguantó la culpa de quedar embarazada y se quitó la vida el 30 de abril de 2017, “pero esa es otra historia”, dice Yasmin Velásquez que, a pesar de todo, no le tiene miedo a la muerte.

Aunque no hay plata que reponga la muerte de un ser querido, y menos de un hijo de cinco años de edad, una persona cercana le recomendó a Yasmin, en 2017, preguntar por la indemnización por el homicidio de Heiner a manos de los guerrilleros de las Farc.

Y eso hizo. En las oficinas de la Defensoría del Pueblo, Contraloría, Procuraduría, Fiscalía General, Unidad para las Víctimas existen cartas y peticiones enviadas por Yasmin preguntando por esos recursos que le debe el Estado colombiano por ser víctima directa del conflicto armado.

La primera respuesta que obtuvo fue al derecho de petición N° 20176210861662. El 10 de agosto de 2017 la Unidad para las Víctimas le respondió lo siguiente:

“‘¿Cómo así que a otros destinatarios si yo soy la madre, y a mí nunca me llegó esa plata?”, se ha preguntado durante cinco años la mujer nacida en San Pablo, Bolívar. Son muchas las preguntas que se hace, por ejemplo: ¿A quién le giraron esa plata? ¿Dónde está el recibo de pago por la muerte de mi hijo?

Para intentar responder estas preguntas, que poco la dejan descansar, le envío respectivas cartas al Banco Agrario y a Bancolombia, entidades que, supuestamente, le habían girado esa plata. “Todo es tan raro que muchas veces me han dicho que ese dinero se lo dieron a mi esposo, o sea, lo desenterraron y le entregaron la plata, ¿o cómo es la cosa?”, una pregunta más que se hace.

El 15 de febrero de 2018, bajo el radicado 986365-V, el Banco Agrario le respondió a Yasmin.

En la respuesta del Banco Agrario se evidencia el pago por el asesinato de Gabriel Torres y otros subsidios que recibió en su calidad de víctima de desplazamiento forzado, que en total suman 4.061.000 de pesos. “Esa plata la he recibido y utilizado para arreglar mi casa, cuidar a mis animales y ayudar a mis hijas, pero lo de mi hijo se está embolatando”.

Por su parte, Bancolombia respondió el 14 de diciembre de 2018, en carta firmada por Adriana Ruiz, del área de Gerencia de Atención al Cliente de la fiduciaria, lo siguiente:

La desesperación de Yasmin es total. Ya no sabe qué hacer ni a quién dirigirse para que le den una respuesta clara. “¿Dónde está el recibo de pago que afirme que yo recibí esa plata como lo tengo en los otros documentos?”, una pregunta más para la lista.

Durante estos cinco años las pobres respuestas del Estado colombiano la han dejado con muy pocas esperanzas sobre la atención que se les brinda a las víctimas del conflicto armado.

Para Yasmin, las respuestas que ha recibido dejan muchas dudas. Una de las que más cuestiona es la del 12 de abril de 2018, mediante el radicado 20187204587571, la Unidad para las Víctimas le informó, otra vez, que la indemnización ya le había sido cancelada.

En el documento firmado por Claudia Juliana Melo Romero, directora técnica de reparaciones, la entidad nacional subrayó:

“¿Cómo van a decir que tenía cédula si era un niño de cinco años?” Una pregunta más que anota en su lista, en eso, sigue sacando papeles que demuestran lo cruel que es la burocracia colombiana.

Sin obtener respuestas de las entidades nacionales y sentir su apatía, Yasmin tomó la decisión de enviarle diversas cartas a figuras públicas para encontrar una luz que la lleve a saber dónde está el dinero, que supuestamente, ya recibió.

De su puño y letra le escribió el 12 de mayo de 2019 a la entonces vicepresidenta de Colombia, Martha Lucía Ramírez. Tres días después la carta fue dirigida al expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez. El 30 de junio de 2020, el destinatario fue Eduardo Mojica Arango, defensor del pueblo en el Magdalena Medio. Por otro lado, el 23 de agosto de 2021 le escribió al fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa. “Esta ha sido la única carta que no he podido entregar”, dice.

El único que le respondió fue Álvaro Uribe Vélez. El 17 de junio de 2019, María Claudia Daza Castro, asesora del UTL del entonces senador, le comunicó a Yasmin. “Le informamos que no es competencia constitucional de Álvaro Uribe. La entidad encargada de conocer y tramitar esta situación es la Unidad para las Víctimas, a quienes hemos remitido su solicitud”, le dijeron, pero de allá venía.

Otra de las contradicciones que aparecen en el caso de Yasmin se da en la respuesta del 8 de julio de 2019 al derecho de petición con número de radicado N°201971113557432, por parte de la Unidad para las Víctimas, en la cual Enrique Ardila Franco, director técnico de Reparación de esa entidad, le confirma que el pago realizado por el homicidio.

En la respuesta el funcionario agregó: “Que la entidad financiera (Bancolombia) ha emitido respuesta mediante oficio de fecha 8 de octubre de 2018 dando a conocer que no es posible suministrar información de pagos por encontrarnos frente a una protección de reserva bancaria”.

Es decir, el funcionario habría omitido la respuesta del mismo banco del 14 de diciembre de 2018, en donde Adriana Ruiz de la gerencia de Atención al Cliente Fiduciaria Bancolombia S.A, indicó que para la fecha del supuesto pago, “Fiduciaria Bancolombia no administraba ningún fideicomiso de la Unidad para las Víctima. No se hizo el pago”.

Van cinco años y contando los que ha tenido que esperar para que le den estas respuestas, y las preguntas no se acaban. Al momento de publicar esta nota, Infobae Colombia se puso en contacto con la Unidad para la Víctimas para conocer el estado de la denuncia de Yasmin y no recibió respuesta alguna.

Es viernes y mientras Yasmin termina de contar su historia, en Barrancabermeja se está haciendo de noche. En el estadio Daniel Villa Zapata juega el Alianza Petrolera contra el Bucaramanga, considerado un nuevo clásico del oriente colombiano. En las tiendas del barrio San Silvestre se junta la gente a ver el juego. Yasmin camina por su barrio y señala con un dedo la casa en donde murió su hijo.

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