En Colombia no para el asesinato de excombatientes de las extintas Farc, por lo que desde la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hicieron un llamado al alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, para que desde el Gobierno de Gustavo Petro se adelanten las medidas necesarias para proteger la vida de los firmantes del Acuerdo Final de Paz.
Y es que, según cifras de la ONG Indepaz, a 6 de octubre de 2022, 34 firmantes del Acuerdo Final de Paz han sido víctimas de homicidio, “y han ocurrido 82 masacres con 261 víctimas; y en lo corrido del nuevo gobierno (7 de agosto - 6 de octubre) han ocurrido 21 mascares con 78 asesinatos, a pesar de la voluntad de más de 22 grupos armados de sumarse a la paz total”, estas cifras las citó la Sección de Ausencia de Reconocimiento en un auto de seguimiento de las medidas cautelares que el tribunal de paz ordenó para proteger a los excombatientes.
“Estas cifras alarmantes llevan a reclamar con carácter urgente y prioritario que el nuevo Gobierno concentre sus esfuerzos en asegurar que la política pública y plan de acción sean aprobadas, así como la coordinación, articulación y optimización de recursos, estrategias y acciones de las entidades comprometidas con dicho propósito, las cuales constituyen un marco de referencia para el desarrollo de la política de “paz total” uno de cuyos pivotes más densos es el sometimiento de la criminalidad organizada y los acuerdos con la insurgencia armada, de manera que el fin de las estructuras criminales y sus máximos responsables, brinde garantías para la no repetición”, asegura el documento judicial, que citan en El Espectador.
Desde la JEP también señalaron que la violencia en el país no ha parado a pesar del cambio de política social y de seguridad del nuevo gobierno, sin embargo, anunció que se decidió prorrogar por 60 días hábiles el plazo que le había dado a Rueda “para entregar un plan de acción claro y una política de desmantelamiento de los grupos armados criminales que hacen presencia en el país”, según señalan en El Espectador.
“El nuevo marco de la política pública de ‘paz total’ exige desarrollar nuevas estrategias holísticas para la comprensión global del fenómeno y su consiguiente erradicación territorial, frenar la impunidad, lograr justicia y garantizar la no repetición e impedir la emergencia de otras formas armadas de violencia que continúen afectando la población civil y, por consiguiente, desarrollar la cultura de prevención y no estigmatización, y trabajar porque se cumplan las garantías de no repetición”, también se puede leer la decisión de la JEP.
La JEP también exhortó a Rueda a realizar reuniones mensuales para “delimitar las medidas que se deben tomar para la protección de la vida de los exFarc”, y convocar a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que creó también el acuerdo, para la formulación de un plan de acción que permita combatir y desmantelar las organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo.
Para esto, el tribunal de paz detalló que este plan deberá incluir: “estrategias investigativas a implementar a corto, mediano y largo plazo, metodología, recursos financieros asignados”. También deberá incorporar “los Lineamientos de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento sectorial aprobados por la CNGS, con inclusión de los diagnósticos, observaciones y recomendaciones sustanciales presentados y discutidos”.
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