Defensoría del Pueblo pide garantías para víctimas del genocidio de la Unión Patriótica

El pasado 2 de agosto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseguró que durante el exterminio de la Unión Patriótica el estado colombiano fue “ineficiente” en investigar los hechos

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La Sala de Reconocimiento de
La Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determinó que 5.733 personas fueron asesinadas o desaparecidas en ataques dirigidos contra el partido político Unión Patriótica entre 1984 y 2016, / FLICKER

En las últimas horas, la Defensoría del Pueblo participó en la conmemoración del Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas del Genocidio de la Unión Patriótica, en el evento la entidad expresó solidaridad a las víctimas sobrevivientes y a los familiares y miembros de esa organización política que fueron perseguidos sistemáticamente.

El pasado 2 de agosto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseguró que durante el exterminio de la Unión Patriótica el estado colombiano fue “ineficiente” en investigar los hechos.

“Se alega que ciertas presuntas víctimas del caso habrían sido sometidas a criminalización infundada o uso arbitrario del derecho penal y torturas en el marco de varios casos, por lo que concluyó que el Estado habría violado los derechos a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la honra y dignidad, y a la protección judicial”, advirtió la Corte.

En el evento que se realizó en Bogotá, la Defensoría del Pueblo advirtió que “es necesario que el Estado colombiano brinde todas las garantías a las víctimas de estos trágicos hechos, para que se les asegure una efectiva verdad, justicia, reparación y mecanismos de no repetición”.

En el mismo sentido, aseguró que la verdadera dignificación de la memoria de las víctimas del genocidio de la Unión Patriótica “es superar la estigmatización y evitar que ocurran graves atentados contra la vida de los líderes y lideresas sociales, personas defensoras de derechos humanos y miembros de las organizaciones políticas”.

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La Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determinó que 5.733 personas fueron asesinadas o desaparecidas en ataques dirigidos contra el partido político Unión Patriótica entre 1984 y 2016, “en hechos en los que están vinculados principalmente paramilitares y agentes estatales, quienes actuaron de manera masiva, generalizada, sistemática y selectiva contra esta colectividad”.

Según la justicia de paz, de ese total, 5.195 eran militantes de la UP y 538 víctimas que no eran miembros de la Unión Patriótica fueron asesinadas o desaparecidas en hechos de violencia dirigidos en contra ese partido político; se trataba de familiares, amigos o allegados de algún militante.

Así mismo, la JEP estableció que la violencia contra la militancia de la UP “fue prevalentemente letal, pues aproximadamente dos de cada tres hechos de violencia contra ese partido se concretaron en asesinatos y desapariciones forzadas”.

La segunda modalidad de victimización más reportada fue el desplazamiento forzado, con 2.217 víctimas que, aunque no fue violencia letal, afectó a una gran parte de los militantes de la UP.

El análisis realizado por la Sala arrojó que, de las 5.733 víctimas, 4.616 fueron víctimas de homicidio y 1.117 fueron desaparecidas forzadamente. El estudio de la Sala determinó que las regiones más afectadas fueron el Ariari-Guayabero, Magdalena Medio, Urabá, Cundinamarca-Sumapaz y Tolima.

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En el espacio, la Defensoría del Pueblo observó que aún persisten las agresiones y ataques contra la vida, la libertad e integridad de las personas que defienden los derechos humanos en nuestro país.

En el periodo enero a agosto de 2022 la entidad registró 137 homicidios contra líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos. El 81 % de los municipios donde ocurrieron los asesinatos contaban con una alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo.

Por último, la Defensoría Pueblo ha solicitado a las autoridades competentes que “se adopten medidas de prevención y protección humanitaria que sean eficaces para salvaguardar la vida de los líderes y lideresas sociales”.

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