Conozca los bienes de la mafia con lo que se chocará Gustavo Petro

Luego de que el presidente de la República, Gustavo Petro, y el fiscal general, Francisco Barbosa, anunciaran la creación de un grupo especial con la Sociedad de Activos especiales (SAE) para adelantar la investigación de presuntas irregularidades relacionadas con los millonarios bienes y demás activos incautados a organizaciones criminales.

El diario El Tiempo accedió a dos informes del organismo de control que se adelantaban desde el 2016 y halló dentro de los informes que existe un desfase de 736 predios entre los incautados por la Fiscalía y los que aparecen registrados en la SAE, sin embargo, son más de mil.

Hace seis años el fiscal en aquel momento, Néstor Humberto Martínez, advirtió al ministro de Hacienda de la época, Mauricio Cárdenas, “de acuerdo con la información en poder de la Fiscalía, la base de datos que administra la SAE no contiene cifras exactas sobre el número de bienes entregados a esa entidad, el valor de los mismos y las sentencias de los jueces de extinción”.

Con lo anterior, el presidente de la República exige una actividad arqueológica que linde con lo forense para ubicarlos.

Según, Andrés Ávila, presidente de la SAE, reaccionó ante las declaraciones de Petro, pronunció que “la Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación (DNE) le entregó a la SAE 19.819 inmuebles, 502 reportados como perdidos. Pero, hoy, el país no sabe cuántos inmuebles se borraron del inventario”.

El funcionario afirmó que ya se encuentran ubicados 444 narco predios perdidos, equivalentes a medio billón de pesos, además del envío de copias de las denuncias que la SAE interpuso por desaparición de expedientes y otros fraudes.

Por otro lado, un factor que no se debe dejar pasar son los bienes ocupados ilegalmente, pues son 11.041, de los cuales 4 mil son rurales, y lo que busca el alto mandatario es entregar a los campesinos dentro del revolcón agrario.

De igual manera, hay 36 denuncias por invasión o por ocupaciones ilegales, que en muchos de los casos son invasores no campesinos sin tierra, sino son testaferros. Varios de los predios afectados por minería ilegal, que están siendo usados por grupos al margen de la ley en Caucasia. Según Ávila, la SAE estuvo cerca de 3 años esperando el trámite de normas para proceder a los desalojos y atacar otro lío neurálgico: predios arrendados por precios pírricos.

Por ejemplo, uno de los casos que aparece en los informes es el de la lujosa hacienda los Abetos, ubicada en Cajicá, propiedad que aparece vinculada a alias ‘el Chatarrero’, y la finca La Esmeralda, en Antioquia, de un testaferro del ‘clan del Golfo’.

Adicionalmente, con información suministrada por la Fiscalía General de la Nación, la más reciente amenaza que recibió el exfiscal Camilo Bula fue por medio de su celular. El procesado fue condenado a 28 años de prisión, pues fue quien ayudó a identificar a las personas de la red que cuentan con los lujosos bienes incautados al narcotráfico.

Casos como los de Carlos Albornoz, exdirector de la corrupta y liquidada Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). También ayudó en la condena y procesión a funcionarios y particulares involucrados en la repartija de haciendas, apartamentos y centros comerciales de clanes mafiosos.

Vale resaltar que, el fiscal Francisco Barbosa anunció la consolidación de un listado de 19.587 bienes y otros activos ilegales que fueron decomisados a la mafia, durante su cargo como alto funcionario por más de dos años y medio. Estas propiedades estarían valoradas en un monto que asciende a los 25.7 billones de pesos.

Además, Barbosa mencionó que con el objetivo de fortalecer las labores judiciales, a esta mesa técnica participarán fiscales de un grupo especial de investigación, de la delegada de finanzas criminales y Martha Mancera, vicefiscal general de la nación.

“El manejo de estos bienes es esencial, el día de hoy estamos dirigiendo al delegado de las finanzas criminales toda una trazabilidad de los bienes que se han entregado durante el ejercicio de mi función en la Fiscalía, derivado de la importancia de la ley 1708 de 2014 que implica la entrega y la afectación patrimonial de bienes incautados a la mafia y que deben ser utilizados para el beneficio de la gente”, explicó Francisco.

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