Por tratar de “paracos” y amenazar a un grupo de funcionarios, le abren investigación al gobernador del Magdalena

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria en contra del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, por supuesto abuso de autoridad. Por medio de un documento, se ordena notificar personalmente al mandatario departamental.

De acuerdo a la queja interpuesta, Caicedo ejerció violencia física y verbal en contra de integrantes del esquema de protección de la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (Essmar), que habría sido intervenida por orden de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Estos hechos ocurrieron el 15 de diciembre de 2021, cuando el mandatario local amenazó la integridad física de los funcionarios de la compañía, los señaló de pertenecer a grupos armados ilegales, como también los acusó de participar en el crimen de la líder social de la comunidad LGBTI en la ciudad de Santa Marta.

Adicionalmente, Carlos Caicedo atribuyó toda responsabilidad en lo que le ocurriera hacia los miembros de seguridad, los que ofendió instantes anteriores.

Días después, la Superintendencia de Servicios Públicos tomó posesión de la empresa encargada de los servicios de agua y alcantarillado de Santa Marta (Magdalena) Essmar, pues se determinó que ha sido incapaz de garantizar el servicio frente a las graves fallas que han ocurrido en la ciudad.

Los propios samarios se han quejado por años de los graves problemas de acceso al agua potable, tanto así que según las mismas autoridades de Santa Marta, dos sectores tuvieron menos de 10 horas de agua al día. Lo más grave ocurrió en horas de la tarde cuando en medio de las protestas, se registró un enfrentamiento entre la fuerza pública y los manifestantes.

Vale resaltar que, el pasado 2 de octubre se dio a conocer que la Contraloría General de la República, desestimó la investigación promovida en el Congreso de la República, en contra del proyecto de parques de la Equidad y la Alegría, constituido por Caicedo en su paso por la Alcaldía de Santa Marta.

“No se configura un daño al patrimonio del Estado. Lo cual se desprende en las pruebas obrantes en el proceso (informes, documentos, versiones y normatividad)”, puntualizó la institución.

En este sentido, el ente de control determinó que el caso debe ser cerrado, pues, no está relacionado con ningún tipo de detrimento patrimonial.

“No es constitutivo de detrimento, pues se ha tenido la oportunidad procesal de valorar de forma razonada y crítica que no existen fundamentos que conduzcan a determinar un detrimento patrimonial ni a endilgar responsabilidad fiscal, siendo necesario por consiguiente proceder con el archivo”, estableció la Contraloría.

Hace unos días, una situación similar la dio a conocer la Fiscalía. El ente investigador archivó una denuncia en contra el funcionario, por supuestamente torpedear las diligencias judiciales que se siguen contra él y algunos funcionarios de su administración.

Según se comentó, durante el proceso no fue posible encontrar pruebas contundentes que le permitiera armar un caso sólido contra el gobernador del Magdalena por as acusaciones relacionadas con entorpecimiento: “no se cuenta con el sustento fáctico y menos jurídico que permita encajar las presuntas conductas denunciadas y acometidas”.

Además, agregó que “no obra datos donde puedan ser ubicados, así como tampoco existe un nombre en particular para ser ubicado y citado”.

Pero no fueron los únicos, pues por parte de la Procuraduría General de la Nación, también se cerró un caso contra el gobernador. De acuerdo con la información oficial, el caso que fue archivado estaba relacionado con la responsabilidad en las demoras de la construcción de la Megabiblioteca Distrital de Santa Marta, obra que se contrató cuando el funcionario era alcalde de esa ciudad entre 2011 y 2015.

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