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El presidente de la República, Gustavo Petro, denunció hace pocos días que Colombia estaría de cara a lo que podría ser uno de los peores casos de corrupción que se han visto en al historia reciente. Esto, por cuenta de los bienes que son incautados a las personas o grupos organizados que cometen actos criminales en el país. Por esta razón, el jefe de Estado le pidió al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, investigar la entrega que ha hecho la entidad procesal a la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
“Es una cuantía enorme de dinero que condensa una actividad ilícita, que es el narcotráfico, en lo que se ha podido derrotar, y que en la transición hacia convertirse en bienes públicos que deben cumplir con los fines esenciales del Estado, hoy no sabemos dónde están. Y eso en términos de billones de pesos. No puede ser. No puede ser sin responsables. Tarea que será de la investigación propia del poder judicial”, señaló el presidente en medio de la rueda de prensa donde denunció este acontecimiento.
En respuesta, la Fiscalía General de la Nación envió un oficio a la SAE en la que se detalla el número total de inmuebles que fueron objetos de extinción de dominio y que fueron entregados a la sociedad estatal. El documento que, fue conocido por semana, sostiene que en total fueron sujetos de medida cautelar 21.772 bienes, que podrían representar un valor superior a 25,7 billones de pesos.
“Se destaca que, desde el 1° de enero de 2020 al 6 de octubre de 2022, Fiscales adscritos a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio han impuesto medidas cautelares sobre 21.772 bienes, cuyo impacto económico se estima en más de 25.7billones de pesos, asociados a fenómenos criminales como la Corrupción, el Narcotráfico, los delitos Medio Ambientales, el Contrabando, entre otros”, precisa el oficio.
Sobre el total de estos bienes incautados, la mayor parte pertenece a semovientes, con un número exacto de 13.109. Conforme a los datos citados por parte de la Fiscalía, otros 1.147 bienes son de orden rural, 3.664 urbanos, 774 son vehículos, 437 corresponden a establecimientos de comercio y 207 son sociedades conformadas.
Luego de entregar el resumen de los bienes que fueron intervenidos, la fiscalía aseguró que toma dos medidas para garantizar un procedimiento transparente en cumplimiento de sus labores. Primero, se consolidó por parte de la fiscal delegada para las Finanzas Criminales un “Tablero de Resultados”, en el que se diligencian los bienes a los que se les impuso una medida cautelar.
Por otro lado, aseguró que la fiscalía, de manera conjunta con la SAE, sostienen comités de trabajo mensuales para evaluar los resultados obtenidos con los bienes incautados, así como también se adoptan medidas correctivas para mejorar las acciones inherentes a la extinción de dominio.
El oficio está firmado por la fiscal delegada para las Finanzas Criminales, Luz Ángela Bahamón, en este también se le solicita a la entidad crear una mesa de trabajo especial para aclarar la transparencia del inventario entregado y eliminar los inconvenientes que esta situación ha generado.
“en aras de abordar de manera técnica las situaciones presentadas en torno al inventario de bienes pasibles de administración por parte de la Sociedad de Activos Especiales SAE S.A.S., se sugiere adelantar una mesa conjunta de alto nivel entre las dos instituciones, en la que se estructure una metodología y/o ruta de trabajo que permita, principalmente, dirimir cualquier inconveniente sobre la materia”, concluye el oficio.
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