Esta es la estrategia del Estado colombiano para afrontar el caso de Jaime Garzón ante la CIDH

Han pasado 23 años desde el asesinato de Jaime Garzón y todavía no se han podido esclarecer los hechos que rodearon el homicidio del humorista y periodista colombiano. El pasado 26 de septiembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la petición que la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) le hicieron, en calidad de representantes de las víctimas en 2011, para estudiar el asesinato del periodista crítico.

En la decisión adoptada por la CIDH se desestimaron las pretensiones planteadas por el Estado colombiano, “con las cuales se buscó mostrar diligencia en avances judiciales”. En el informe del organismo internacional se estableció que “desde el momento del crimen no se ha identificado, investigado y juzgado a todos los responsables del asesinato, ni mucho menos, indagado sobre los posibles responsables intelectuales dentro de la cadena de mando militar y civil”.

Infobae Colombia se comunicó con la entidad encargada de proteger la institucionalidad y los recursos públicos de la nación ante organismos internacionales, para saber los pasos que dará con el fin de conocer la verdad del homicidio de Jaime Garzón.

¿Qué significa para el Estado colombiano la aceptación de estudio del caso de Jaime Garzón en la CIDH?

Significará un reto para buscar un acuerdo de solución amistosa con los representantes de las presuntas víctimas. Este procedimiento tiene como objetivo que el Estado y las víctimas concerten de manera satisfactoria un acuerdo que permita la reparación integral de manera más expedita y el cierre del litigio internacional. El proceso de solución amistosa, al ser voluntario y concertado, permite a las víctimas participar en la materialización de las medidas reparatorias que más se ajustan a sus deseos y necesidades.

De acuerdo con la Agencia de Defensa Jurídica del Estado las medidas de reparación que pueden ser adoptadas son:

1) Medidas de compensación económica.

2) Medidas de rehabilitación médica, psicológica y de asistencia social.

3) Medidas de satisfacción.

4) Medidas de justicia.

5) Medidas de no repetición.

¿Qué tácticas utilizará el Estado colombiano para demostrar su falta de responsabilidad en el homicidio de Jaime Garzón?

Desde la Agencia estamos convencidos de que la mejor solución para este caso es el diálogo y la concertación con las víctimas para lograr un acuerdo amistoso. En este sentido, si llegaren a manifestar su voluntad a favor de este mecanismo, determinaremos de manera conjunta, armónica y pacífica aquellas medidas de reparación integral que enmienden el dolor y el sufrimiento que los familiares de Jaime Garzón han tenido que soportar durante más de 20 años.

¿El Estado colombiano ha empleado acciones dilatorias para retrasar el proceso de Jaime Garzón y no se conozca la verdad de su asesinato?

Las entidades estatales han tomado todas las medidas razonables para investigar, esclarecer los hechos, aportar a la verdad de lo sucedido e identificar el alcance de las responsabilidades tanto penales como administrativas. Reiteramos que a la fecha existen varias sentencias emitidas en el marco de la jurisdicción penal y contencioso-administrativa en las cuales se han esclarecido los hechos que rodearon el homicidio de Jaime Garzón. Adicionalmente, es importante resaltar que, en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz, también se investiga este lamentable hecho.

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¿Por qué este caso ha quedado en la impunidad después de 23 años de ocurrido?

En relación con la investigación penal adelantada con ocasión al homicidio de Jaime Garzón Forero, es preciso indicar el alto grado de complejidad de los hechos, puesto que se contó con la participación de un número plural de sujetos, presuntamente vinculados con estructuras criminales complejas, las cuales han desarrollado múltiples acciones para ocultar su responsabilidad y evitar el esclarecimiento de lo sucedido. Esto antepone dificultades de orden probatorio para discernir e identificar más allá de toda duda razonable la totalidad de los autores materiales y los determinadores del asesinato.

¿Qué incumplimientos y/o avances se han presentado desde la Fiscalía General y otras instituciones del Estado para esclarecer el homicidio de Jaime Garzón?

La Fiscalía General ha adelantado la investigación penal por el hecho. Lo anterior se concreta en las sentencias condenatorias proferidas contra Carlos Castaño Gil y José Miguel Narváez. De este modo, resulta claro que si bien las investigaciones continúan, estas han tenido resultados importantes. Esto evidencia la diligencia del Estado para investigar, juzgar y sancionar a los responsables y reparar a las víctimas.

Asimismo, el Consejo de Estado emitió sentencia condenatoria, el 14 de septiembre de 2016, en la cual declaró responsable al Ejército Nacional y a la Policía Nacional por este crimen, y ordenó el pago de una indemnización pecuniaria a los familiares y medidas de satisfacción consistentes en excusas públicas, publicación de la sentencia, y remisión de la sentencia al Centro Nacional de Memoria Histórica y al Archivo General de la Nación con el fin de contribuir a la construcción documental y preservación de la memoria histórica de Colombia.

¿Qué han manifestado José Miguel Narváez y Jorge Eliécer Plazas Acevedo sobre su participación en este homicidio?

En este punto es importante señalar que la verdad judicial sobre lo ocurrido se establece en el marco de los procesos judiciales que son adelantados en contra de aquellos que han sido condenados por la comisión de una o varias conductas punibles. En virtud de lo anterior, la verdad con la que contamos hoy sobre el homicidio de Jaime Garzón es la contenida en las providencias judiciales en contra de Carlos Castaño Gil y José Miguel Narváez.

En diciembre de 2021, el Tribunal Superior de Cundinamarca ordenó el pago de 200 salarios mínimos a la excompañera sentimental del humorista, Gloria Cecilia Hernández, el Estado apeló esa decisión, ¿En qué se basó para hacerlo?

La Policía Nacional y el Ejército Nacional interpusieron recurso de apelación en contra de la sentencia proferida el 13 de diciembre de 2021. El Ministerio de Defensa encontró que las pruebas aportadas, por la accionante ante el Tribunal, no podrían ser valoradas con base en los requisitos exigidos por la legislación vigente al momento de su recepción. Al mismo tiempo, se argumentó que la responsabilidad del deber general de seguridad de los ciudadanos es de medio y no de resultado. Lo anterior se basó en que las presuntas solicitudes de protección solicitadas por la víctima para su protección y la de sus parientes no reposan en el expediente.

Por su parte, la Policía Nacional alegó: la equívoca interpretación realizada por el juez de primera instancia respecto a la determinación de la falla en el servicio de la Institución, que el análisis realizado en relación con el fenómeno de la caducidad no se encontraba ajustado al nuevo precedente jurisprudencial sentado por el Consejo de Estado, la ausencia de análisis de la legitimación en la causa por pasiva, la errónea tasación de los daños morales a favor de la señora Gloria Cecilia Hernández Krog y finalmente, la inviabilidad de reconocimiento de costas y agencias en derecho.

¿Los familiares de Garzón podrán recibir reparaciones en esta etapa en la CIDH?

En caso de que los familiares del periodista Jaime Garzón llegaren a manifestar su voluntad de llegar a un acuerdo de solución amistosa, se iniciará un diálogo constructivo con las víctimas y sus representantes en aras de definir las medidas de reparación a través de las cuales se sentirían reparadas de manera integral.

En caso de que no se logre esta concertación, las partes continuarán con el litigio del caso ante la CIDH. La Comisión realizará el análisis de fondo, en el cual podrá: decidir que no hubo violación, para lo cual publicará un informe que así lo exprese o, por el contrario, decidir que sí hubo vulneración a las garantías convencionales. En este último caso, la CIDH elaborará un informe de carácter confidencial con las recomendaciones dirigidas al Estado para reparar integralmente a las víctimas.

¿Qué espera la Agencia Jurídica del Estado sobre la etapa de fondo que se adelantara en la CIDH en este caso?

En la etapa de fondo el Estado de Colombia espera, de manera sincera, que se culmine de manera exitosa un acuerdo de solución amistosa entre las partes y así poder aportar de manera expedita y eficaz en la reparación integral de los familiares de la víctima.

El homicidio de Jaime Garzón se produjo en un semáforo del barrio de Quinta Paredes en la localidad de Teusaquillo de Bogotá, sobre las 6 de la mañana del viernes 13 de agosto de 1999.

Hay que anotar que la justicia ordinaria emitió una condena en contra de Carlos Castaño Gil, cabecilla de las Autodefensas Unidas de Colombia, en calidad determinador de este crimen. A dicho sujeto, se le impuso la pena principal de 38 años de prisión y una multa de $790.000.000 millones de pesos. Esta condena se encuentra en firme.

Así mismo, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá estableció que José Miguel Narváez también es responsable en calidad de determinador del delito de homicidio agravado. Como consecuencia de ello, fue condenado a la pena principal de 30 años de prisión.

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El juez también ordenó que Narváez pagara, por concepto de perjuicios morales, la suma equivalente a 500 salarios mínimos mensuales legales a favor de Gloria Cecilia Krog Hernández (compañera permanente de Jaime Garzón), Marisol Garzón Forero, Alfredo Garzón Forero y Manuel Alfredo Garzón Forero (hermanos de la víctima).

23 años después aún no existen condenas en contra de todos los responsables del asesinato del humorista y periodista, para la Agencia Jurídica esto “no significa que el Estado de Colombia no se encuentre cumpliendo con sus obligaciones internacionales de investigar, juzgar y sancionar este crimen”.

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