Luego de la amistosa visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken a Colombia, ambos gobiernos lograron concretar puntos en común para seguir fortaleciendo sus relaciones diplomáticas. Uno de estos aspectos donde los países buscan trabajar en conjunto es en la lucha antidrogas, la erradicación de cultivos ilícitos y la estrategia para detener el narcotráfico, especialmente aquel que supera las fronteras norteamericanas.
Durante su reunión con el secretario, el presidente de Colombia, Gustavo Petro afirmó que enfocarán su estrategia antidrogas en cuanto a límites internacionales con los conceptos de inteligencia e interdicción para evitar que estas lleguen a Estados Unidos. No obstante desde el despacho del presidente Joe Biden, también tomaron acciones preventivas extendiendo la declaración de emergencia, establecida desde 1995.
Por medio de un comunicado oficial firmando por el presidente Biden, la Casa Blanca anunció que se extendió esta declaración de emergencia afirmando que la seguridad nacional de Estados Unidos todavía se ve amenazada por la actividad narcotraficante de los colombianos por lo que tomaron esta decisión para mantenerse protegidos:
“Las acciones de importantes narcotraficantes centrados en Colombia continúan representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos y causan un nivel extremo de violencia, corrupción y daño en los Estados Unidos y en el extranjero”.
La declaración de emergencia establecida en 1995 por el entonces presidente Bill Clinton consta en la firma de la Orden Ejecutiva 12978 denominada “Bloqueo de Bienes y Prohibición de Transacciones con Traficantes de Narcóticos Significativos” donde las autoridades norteamericanas aplican su jurisdicción a aquellas personas que incurran en el delito de narcotráfico, especialmente las colombianas. Esta debía finalizar en octubre de este año, pero su vigencia fue renovada.
En específico, la orden bloquea toda propiedad que se encuentre en jurisdicción de Estados Unidos y en la cual tengan algún interés traficantes extranjeros de narcóticos significativos. En su primera versión la medida estaba enfocada a los miembros principales del cartel de drogas de Cali, pero se ha venido modificando conforme pasa el tiempo.
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La orden también bloquea la propiedad y los intereses en la propiedad de personas extranjeras que a juicio del Secretario del Tesoro, en consulta con la Fiscal General y la Secretaria de Estado:
- (a) desempeñen una función significativa en el tráfico internacional de narcóticos con base en Colombia
- (b) ayuden materialmente o suministren financiamiento o apoyo técnico, bienes o servicios para facilitar actividades de narcotráfico de los individuos mencionados en la orden o de conformidad con la misma.
En lo que se entiende de la Orden Ejecutiva 12978, esta le otorga a la administración estadounidense las herramientas para combatir las actividades de importantes traficantes extranjeros de narcóticos concentrados en Colombia, así como la violencia, corrupción y daño que han causado en ese país y en el exterior.
Esta medida se propone negar a estos traficantes el beneficio de todo bien sujeto a la jurisdicción de Estados Unidos e impedir que ciudadanos estadounidenses realicen transacciones comerciales con los traficantes, las compras que les sirven de testaferros y sus agentes.
Esto quiere decir que aparte del trabajo en conjunto que harán con el Gobierno de Gustavo Petro, el país norteamericano tiene la potestad de ejecutar su propia justicia contra narcotraficantes colombianos que sean capturados ejerciendo en suelo extranjero.
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