Toma del Palacio de Justicia: CIDH admite caso de Jorge Tadeo Mayo, asesinado en la puerta del recinto por el M-19

Cuando la guerrilla del M-19 irrumpió por primera vez en las puertas el Palacio de Justicia de Bogotá, el 6 de noviembre de 1985, asesinó a cinco personas. Una de ellas fue Jorge Tadeo Mayo, administrador del recinto. Su familia aún desconoce, casi 40 años después, quién fue el integrante de ese grupo que le disparó al funcionario.

Los nulos avances en la investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación hicieron que los familiares de la víctima elevaron este expediente ante instancias internacionales. En ese orden, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conoció el caso y el martes 11 de octubre se conoció que fue admitido por este tribunal para su estudio al considerar que el Estado colombiano habría violado los derechos fundamentales de la familia de Tadeo Mayo.

El argumento principal de la CIDH para considerar que la nación pudo violentar también las garantías de protección judiciales se basa en que el próximo 5 de noviembre se cumplen 37 años de la toma y retoma del Palacio y pese al tiempo que ha pasado, aún la justicia colombiana no ha determinado quién fue el integrante del grupo insurgente que mató al administrador del lugar.

En ese orden, “la Comisión estima que los reclamos del peticionario respecto a que el Estado no ha cumplido con sus deberes de investigar, sancionar y reparar el asesinato de la presunta víctima no pueden ser tachados prima facie de manifiestamente infundados en esta etapa de admisibilidad”; y valoró de paso los más de 36 años que lleva el Estado conociendo el asesinato de la supuesta víctima sin que las investigaciones hayan avanzado más allá de la fase indagatoria.

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Vale resaltar que este no es el primer caso de la toma del Palacio de Justicia que llega al tribunal internacional. En 2014, el Estado fue condenado por su responsabilidad en el rescate del recinto del poder judicial. Asimismo, manifestó que Colombia tuvo relación directa con la desaparición de once personas en medio de un operativo que estuvo marcado por los excesos cometidos por la fuerza pública.

Asimismo, declaró responsable al Estado por la desaparición forzada y posterior ejecución extrajudicial del magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán. Ahora, tienen en su poder el caso de Mayo, cuya familia ha afirmado que la toma a sangre y fuego por parte de agentes estatales dejó 11 personas desaparecidas y 94 muertas; y si bien no afirmaron que estos fueron los causantes de dichos crímenes, sí referenciaron que hubo omisiones por no actuar de manera debida.

Ya hubo un primer acercamiento entre la familia de la víctima y la Comisión Interamericana, pues quisieron que dicha instancia tuviera en cuenta presuntas afectaciones económicas. Dicha petición no tuvo efecto, pues el tribunal respondió que en 1995 el Consejo de Estado ya había declarado responsable por los daños ocasionados tras la toma y retoma y, como forma de reparación, entregó a los familiares de víctimas cierta cantidad de oro.

Sobre este caso, el Estado se ha defendido exponiendo que la Fiscalía realizó el levantamiento del cadáver de Mayo un día después de ocurridos los hechos y que la causa de su muerte obedeció a un shock hipovolémico generado por una herida de bala. Pese a eso, no se sabe la identidad del sujeto que mató al administrador, 36 años y 11 meses después de lo ocurrido.

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