Durante el martes, 11 de octubre, se llevó a cabo la primera mesa de trabajo liderada por la Procuraduría General de la Nación para hablar acerca del cumplimiento que han dado las entidades del Estado con respecto a la sentencia de la Corte Constitucional en donde se concluye que existe un incumplimiento por parte del aparato del Estado para garantizar el acceso a terrenos rurales.
La sentencia a la que giró en torno esta reunión fue promulgada por la alta Corte es la 288 de 2022, en ella se reconoce la inconsistencia en la tenencia de un amplio número de tierras en todo el territorio nacional y se dictan disposiciones para que las diferentes entidades estatales promuevan el acceso a la tierra para los campesinos del país.
Para este encuentro, se citó al Ministerio de Agricultura y de Justicia, al Departamento Nacional de Planeación (DNP), al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), a la Unidad de Planificación Rural Agraria, a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), y al Consejo Superior de la Judicatura.
El procurador delegado para asuntos Ambientales y Agrarios, Gustavo Guerrero Ruíz, precisó en la necesidad que tienen los campesinos del país para acceder a terrenos rurales, una situación que calificó como una deuda histórica.
“Las primeras conclusiones que podemos tener es que efectivamente hay una deuda histórica en términos del cumplimiento del deber constitucional y legal del Estado colombiano frente a los sujetos especiales de protección. En cuanto al derecho del acceso a las tierras”, señaló el procurador Gustavo Guerrero.
De acuerdo con los datos que destacó la Procuraduría General de la Nación, los departamentos que más concentran la pertenencia de predios baldíos son Antioquia, Boyacá, Cauca, Tolima y Santander. De igual forma, el Ministerio Público señaló que, en total, serían 44.200 rocesos judiciales de pertenencia sobre predios que no tienen antecedente registral de pleno dominio.
Las informaciones que se entregaron por la procuraduría también indican que cerca de 30 mil procesos de pertenencia de tierras están pendientes para clarificar la propiedad de los terrenos identificados como baldíos. Asimismo, hay 13.200 procesos que ya profirieron sentencias respecto a los terrenos en mención. Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que “en la actualidad aún no se ha elevado a instancias judiciales el primer proceso de clarificación de recuperación de baldíos indebidamente ocupados”.
“Es importante que la ciudadanía entienda que de lo que está hablando la Corte es del incumplimiento histórico de un mandato que tiene el Estado en cuanto a la dotación, la entrega de tierras a los campesinos”, añadió el procurador Gustavo Guerrero.
De igual manera, el funcionario del Ministerio Público, aseguró que no es necesario que la Corte Constitucional emita una sentencia específica para garantizar el acceso a las tierras por parte de los campesinos colombianos, pues sostiene que esta es una situación que debe corresponder al cumplimiento de un mandato legal y reglamentario de la Constitución Política de Colombia.
En este sentido, la procuraduría elevó un llamado al Ministerio de Justicia para que gestione las acciones con otras entidades para efectuar las medidas judiciales necesarias. Por su parte, instó al Dapre para que el Consejo Superior de Ordenamiento del Suelo Rural emprenda trabajos nuevamente. Por último, solicitó al Ministerio de Agricultura que conozca todas las situaciones gestionadas en torno a la formulación y ejecución de las políticas públicas que tienen injerencia en la pertenencia de tierras.
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