Por sobrecostos en la construcción del puente Hisgaura, Procuraduría acusó a exfuncionarios del Gobierno nacional

Un exasesor del Fondo Adaptación y dos exgerentes de la entidad fueron imputados por la Procuraduría; entre las responsabilidades estaría no prever las fallas en los estudios de preconstrucción, sobrecostos y falta de veeduría del proyecto por parte de los responsables del mismo.

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Foto de archivo. Camiones cargados pasan por el Puente de Hisgaura en Málaga, Colombia, 4 de diciembre de 2018. REUTERS/Carolina Villamil
Foto de archivo. Camiones cargados pasan por el Puente de Hisgaura en Málaga, Colombia, 4 de diciembre de 2018. REUTERS/Carolina Villamil

La Procuraduría General de la Nación investigará al exasesor del Fondo Adaptación, Orlando Santiago Cely y a Carmen Elena Arévalo Correa e Iván Fernando Mustafá Durán -ambos exgerentes de ese organismo- por posibles irregularidades en el diseño y los costos del puente Hisgaura, que está en la vía Curos-Málaga en el departamento de Santander.

De acuerdo con el ente de control, Orlando Santiago Cely suscribió los estudios previos para construir omitiendo información técnica de la obra, ocasionando la inviabilidad de la ejecución durante la etapa de pre-construcción.

“La investigada habría tomado una posición omisiva, teniendo de presente la advertencia por parte del contratista de que los diseños eran anti técnicos, es decir, que no realizó un desplegó de acciones efectivas y sustanciales que permitiese aclarar la irregularidad de las deficiencias técnicas de los diseños recogidos en los estudios previos, dejando la carga en el contratista e interventor, estos últimos que instaron a Sacyr para continuar con la construcción de la obra con los diseños originales”, señaló la Procuraduría.

Por estas omisiones se generaron sobrecostos de $272.922.549 en el rediseño de la obra, además, hubo un retraso en la entrega de la misma, ya que se había presupuestado que se entregara el 12 de noviembre de 2016, y realmente fue inaugurada el 23 de enero de 2020 por parte del Fondo Adaptación a INVIAS.

En lo que atañe a Carmen Elena Arévalo, la Procuraduría señala que ella no realizó una veeduría sobre los estudios previos no tuvieran deficiencias en lo técnico.

En cuanto a Iván Mustafá, gerente del Fondo Adaptación (2016 - 2018), la Procuraduría lo señala de -al parecer- no haber realizado acciones preventivas en para reducir el riesgo de fallas técnicas en el Puente Hisgaura.

Otro ente de control, la Contraloría General de la Nación, ya había abierto una investigación en el mes de julio de este año (2022) por responsabilidad fiscal de los recursos destinados para esta obra.

Diez y ocho personas están vinculadas en el proceso de responsabilidad fiscal, proceso que está llevando a cabo la Contraloría General de la República, donde 23.308 millones sería el valor por el que tienen que responder los implicados, cifra correspondiente a la construcción del puente vehicular Hisgaura, situado en la vía Curos - Málaga, en el departamento de Santander.

“Tras una visita fiscal a la obra dentro de la reapertura de la indagación preliminar por las presuntas irregularidades de carácter fiscal que se dieron en la ejecución del contrato de obra No. 285 del 27 de diciembre de 2013, suscrito por el Fondo Adaptación y el contratista Sacyr Construcción S.A. - Sucursal Colombia para la construcción del puente Hisgaura”, señala la entidad fiscalizadora en uno de los apartados de la apertura de la investigación.

Lo que era un “secreto a voces” ya va en una investigación, pues desde su construcción, hasta el momento de su inauguración, la obra estuvo plagada de irregularidades tanto en la parte física, como en el ámbito contractual.

La mega estructura de 580 metros de largo y 147 metros de alto, tuvo varios retrasos y sobrecostos, que evidenciaban la irregularidad del proyecto, que se reflejó en la estructura del puente, que quedó ondulada y la solución fue colocarle unos faldones de metal para ‘disimular’ los pronunciados redobles.

El puente contratado por el Fondo de Adaptación, el cual le delegó el proyecto a la empresa española Sacyr, empezó constando 80.040 millones de pesos, pero en noviembre del 2018, antes de su inauguración, ya tenía un costo de $ 107.663 millones.

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