Una nueva arista se suma al pleito que enfrentan Colombia y Nicaragua por el mar del archipiélago de San Andrés, luego de que, en la mañana de este miércoles 12 de octubre, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) le pidió a las comitivas de las dos naciones que presenten solo sus argumentos para definir el mar territorial que alega cada país.
La solicitud de la Corte de La Haya es para que, en el marco de la próxima reunión oral que celebren las delegaciones de los dos países, se exponga por qué se debería fallar en favor de cada nación sobre las 200 millas náuticas que cada país tiene y que llevan solicitando desde hace más de 20 años, ahora con una plataforma continental.
La tarea que la CIJ le encomendó a los gobiernos de Daniel Ortega y de Gustavo Petro se da luego de que Nicaragua solicitara a la Corte que le otorgara una plataforma continental que le permitiera tener más allá de las 200 millas de mar. Esa idea ha sido cuestionada por el Estado colombiano, que asegura que la plataforma pedida por el país centroamericano, que precisamente limita con San Andrés, invade el mar de nuestro país.
“Se une incuestionablemente con la plataforma continental que tiene la costa caribe colombiana”, señala la delegación de la nación cafetera.
Para no recaer en lo que la Corte llamó “consideración de cuestiones técnicas y científicas”, le pidió a los gobiernos Ortega y Petro que, en el siguiente juicio, se enfoquen en aclarar lo relacionado a las citadas 200 millas de mar que responderían al derecho internacional consuetudinario.
Ese citado derecho expone los lineamientos para que alguna nación extienda más de las 200 millas náuticas sobre las costas de otro Estado. En este caso, el archipiélago de San Andrés, en Colombia; y la costa nicaragüense. Con ello, la CIJ también le ordenó a las dos naciones que expongan “las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial”.
Aunque no se ha definido la fecha y hora en la que se celebrará esta nueva audiencia oral, desde el régimen de Daniel Ortega se le ha pedido a la Corte que sea esta la que determine, amparada en el Derecho Internacional, las reglas y límites para aplicar la citada plataforma sobre el mar. Sin embargo, Colombia ha dado a entender que, específicamente sobre esas 200 millas, La Haya no tendría competencia debido a que las islas de San Andrés son parte del territorio nacional.
Aunque el entonces gobierno de Juan Manuel Santos, en 2016, rechazó las pretensiones de Nicaragua, en ese año la Corte decidió respaldar al régimen de Ortega en esa solicitud y asegurar que sí les competía investigar sobre el tema. Por ahora, se está a la espera de definir cuándo se celebrará este juicio.
Esta información se conoce luego de que el canciller Álvaro Leyva anunció que el Gobierno nacional está revisando cambiar a los abogados encargados del litigio del Estado colombiano con Nicaragua. El anuncio lo hizo en medio de un debate de control político ante el Congreso de la República, que se dio de manera privada, y que fue convocado por la representante Erika Sánchez, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, el partido de oposición dirigido por el excandidato presidencial Rodolfo Hernández.
El mismo Leyva no hizo público lo anunciado por el Gobierno, pero sí la citada congresista, quien citó al debate y dio otros detalles sobre la decisión:
“Van a revisar que la participación jurídica esté en manos de idóneas, de personas capaces y conocedores y no de abogados que buscan un beneficio propio individual”, expresó la representante en relación a la decisión del presidente Petro.
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