Gobierno nacional es citado para hacer seguimiento de la sentencia que protege los derechos de la niñez wayuu

La sesión de seguimiento fue programada para el próximo 21 de octubre. Según lo establecido por la Corte Constitucional, esta sesión no pretende generar un debate adversarial, ni acusatorio

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Corte cita a autoridades del nuevo Gobierno, a las comunidades y a la sociedad civil a sesión técnica de seguimiento de la sentencia que protegió derechos de la niñez wayuu
Corte cita a autoridades del nuevo Gobierno, a las comunidades y a la sociedad civil a sesión técnica de seguimiento de la sentencia que protegió derechos de la niñez wayuu

La Corte Constitucional citó a una sesión técnica el próximo 21 de octubre para generar un espacio de diálogo que permita mostrar cuáles son las respuestas que el actual Gobierno nacional y demás entidades del Estado desarrollarán para lograr el cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017, sobre protección de los derechos de la niñez wayuu.

Según lo establecido por el alto tribunal, esta sesión no pretende generar un debate adversarial ni acusatorio, sino la generación de un espacio de diálogo “que permita mostrar con mayor precisión, a partir del Estado de Cosas Inconstitucional, el camino a seguir en procura de la ejecución de una política pronta, eficiente y sostenible”.

A la sesión establecida por la Corte Constitucional fueron citados la Junta Mayor de Palabreros putchipüun y el Consejo Mayor de Palabreros; una mujer indígena de las comunidades asentadas en la Alta Guajira, el defensor del Pueblo, la procuradora General de la Nación, el contralor General de la República, el fiscal General de la Nación y el consejero para las Regiones de la Presidencia de la República.

Así mismo harían presencia: un representante del Resguardo de la Alta y Media Guajira, el gobernador (e) de La Guajira, un representante de las alcaldías municipales de Maicao, Manaure, Riohacha y Uribia; la Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y los ministros de Vivienda, Salud, Interior, Transporte, Educación, Agricultura y Hacienda.

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En el comunicado compartido por la Corte Constitucional se pudo conocer que la sesión técnica se desarrollará bajo cinco ejes temáticos:

1. Perspectiva de las comunidades y de la sociedad civil sobre las posibles soluciones y la manera como los canales institucionales deben aplicarlas.

2. Estrategias que se van a desarrollar de carácter urgente y de largo aliento.

3. Acciones provisionales y estructurales para superar los obstáculos hasta ahora detectados para superar el Estado de Cosas Inconstitucionales.

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4. Medidas para cumplir las órdenes emitidas durante el seguimiento que realiza la Corte: a) reconocimiento del pueblo wayuu como sujeto de derechos; b) acciones para divulgar y comunicar la sentencia; c) estrategias para cumplir las medidas provisionales decretadas en el marco del seguimiento; y d) el logro de transparencia en la asignación de beneficios, selección de contratistas y manejo de los recursos.

5. Obstáculos detectados para alcanzar la operatividad del mecanismo especial de seguimiento de políticas públicas (MESEPP) y las propuestas para poner en marcha dicho mecanismo.

La sesión técnica, que se desarrollará de manera presencial y virtual, será transmitida por los canales y redes sociales de la Corte Constitucional, así como por su página web www.corteconstitucional.gov.co.

En la sentencia T-302 de 2017 se ordenó que se tomen las medidas adecuadas y necesarias para constituir un Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas para la superación del Estado de Cosas Inconstitucional constatado en contra de la población wayuu.

Así mismo, se le pidió a las entidades estatales nacionales y entidades territoriales vinculadas a este proceso, “que deben vigilar continuamente la implementación de las acciones formuladas en esta sentencia a la luz de los parámetros mínimos constitucionales desarrollados”.

En consecuencia de eso, dicta la sentencia, si se identifica que alguna de las medidas dispuestas deja de ser eficiente para el logro de los objetivos mínimos constitucionales y la superación del Estado de Cosas Inconstitucional debido a cambios de contexto, deberán evaluar alternativas y proponer las medidas adecuadas y necesarias para alcanzarlo con diligencia y eficiencia.

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