Gobernador de San Andrés no irá a la cárcel, pero sigue vinculado a proceso por presuntos actos de corrupción

En las últimas horas se conoció que la Corte Suprema de Justicia no emitió orden de captura en contra del gobernador de San Andrés, Everth Julio Hawkins, luego de que la Fiscalía le imputara los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros por supuestas irregularidades cometidas durante la emergencia sanitaria por la pandemia del covid-19 en 16 contratos que, juntos, suman más de 233 millones de pesos,

Durante la audiencia, según citan en El Espectador, los magistrados de la Corte señalaron que “la Fiscalía cuestionó los estudios previos de los contratos. Para la fecha de su realización, ya se había decretado el cierre al turismo y el acceso a las playas. Aun así, el procesado (Hawkins) consideró necesario realizar actividades turísticas. No advirtió la falta de necesidad y objeto contractual”.

Desde el alto tribunal advirtieron que la investigación de la Fiscalía, por ahora, “no da cuenta de pérdida de recursos públicos”, señalando, además, que estos contratos “no tenían una cuantía alta”. Y es que para la Corte, que las acciones para atender la emergencia sanitaria por el covid-19 no figuraba inicialmente en el objeto contractual de los 16 contratos que tienen contra las cuerdas al gobernador Hawkins –a los que calificó como un “entero desorden”–, la Fiscalía no ha podido probar el delito de peculado por apropiación, ya que no habría evidencias de que terceros se hayan adueñado de recursos estatales.

Vale recordar que el pasado 27 de septiembre, la Fiscalía le imputó cargos al gobernador Hawkins, pues, de acuerdo con el material probatorio recabado por el ente acusador, estos 16 contratos –todos por prestación de servicios que buscaban reforzar las labores en el sector turismo de las islas– se habrían firmado sin la respectiva verificación y planeación necesaria, entre el 2 de abril y el 29 mayo de 2020. Lo llamativo de este contrato es que, durante este periodo en el que la población de la isla –y en todo el mundo– se encontraban confinados, por lo que, en la práctica, las actividades recreativas que fueron contratadas no se podían realizar.

Sobre esto último, Hawkins, en una entrevista con Semana argumentó que si bien hubo restricciones por la pandemia, en las islas se quedaron muchos turistas confinados a quienes debían atender.

Por otro lado, la Fiscalía también pudo hallar que durante dicho proceso no se adelantaron los estudios previos adecuados ni se contemplaron las necesidades de la población en el marco de la pandemia. Además, se presentaron fallos a la hora de ejecutar y supervisar los contratos. Eso sin contar que los pagos se habrían hecho sin que se realizaran las actividades para las que contrataron a las personas.

Al respecto, Hawkins explicó, también en Semana, que todos los contratos se firmaron cumpliendo todas las obligaciones contractuales. “Está demostrado en las evidencias. Los supervisores certificaron que esas personas cumplieron su función”, expuso el gobernador del archipélago, según lo citan en Semana, en donde también justificó sus actuaciones, hoy bajo la lupa de las autoridades, diciendo que todo lo que buscaba era proteger a los isleños y turistas durante la pandemia.

Ante los cargos imputados por la Fiscalía, el gobernador Hawkins no los aceptó, por lo que, en la mañana del miércoles 28 de septiembre, por solicitud de la defensa de Hawkins, se definirá la medida de aseguramiento en su contra.

Vale señalar que el gobernador Hawkins, que se encontraba en Estados Unidos junto con su abogado buscando el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA) para evitar que la Fiscalía continúe con el proceso, regresó al país el pasado 20 de septiembre.

A su llegada al país, Hawkins, en un video que publicó Semana, señaló que seguirá ejerciendo sus labores como gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

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