Funcionarios de la Defensoría del Pueblo realizaron este miércoles 12 de octubre una visita de verificación de condiciones de derechos en el asentamiento 3 de Abril del municipio de Uribia, en la Guajira, tras el paso de la tormenta tropical Julia, que después se convirtió en huracán, y dejó a la comunidad incomunicada por sus vías terrestres.
De acuerdo con lo informado por la entidad nacional, “allí se evidenciaron las difíciles condiciones de acceso al agua, alimentación y servicio de atención básico de salud, después de las inundaciones que ocasionó el fenómeno natural”.
Así mismo, la Defensoría del Pueblo verificó con las comunidades de los sectores más alejados del asentamiento “que las ayudas todavía no han llegado a los más vulnerables”.
Esto lo aseguró el vicedefensor del Pueblo, Luis Andrés Fajardo, al culminar el recorrido por las rancherías del sector:
“Encontramos una situación que se repite año tras año en esta región de La Guajira, en donde los arroyos se crecen por la lluvia incesante y como en cualquier parte del país, las comunidades más vulnerables son las más afectadas, en este caso el asentamiento 3 de Abril”.
Hay que anotar que el pasado 10 de octubre se conoció que un avión de la Fuerza Aérea aterrizó en el aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha, cargado con ayudas humanitarias para brindar atención a las más de diez mil familias que resultaron afectadas por el paso de la tormenta Julia por La Guajira.
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“Son 50 toneladas de ayudas humanitarias las que nos llegan de parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, para que poco a poco y con el apoyo de los organismos de socorro puedan ser distribuidas en las comunidades, de acuerdo a las afectaciones; estamos enfocados en llegar hasta la Alta Guajira donde tenemos la situación más crítica porque no hay vías de acceso, y por eso hemos solicitado el apoyo nuestras fuerzas militares,” manifestó Alberto Ariza, gobernador encargado de La Guajira.
Concretamente, en el municipio de Uribia hay más de 65.000 damnificados por el paso de Julia. José Epieyú, habitante de la población, explicó que no se pueden sacar los enseres que aún conservan, porque el agua no se los permite, ya que el desbordamiento de los ríos se juntó con el líquido que circulaba por el precario sistema de alcantarillado.
El asentamiento 3 de Abril es un barrio compuesto por inmigrantes venezolanos y pobladores del pueblo wayuu sin tierra, no cuenta con acueducto, alcantarillado, ni electricidad, y “como consecuencia de las recientes inundaciones por la ola invernal y los estragos de la tormenta Julia, la comunidad quedó sin vías de acceso terrestres”, destacó la Defensoría del Pueblo.
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Tras la visita de verificación, la institución nacional le hizo un llamado urgente a la institucionalidad para que trabaje en la llegada oportuna de las ayudas humanitarias destinadas por el Gobierno nacional para la región, “dado que las comunidades reclaman que estas ayudas no han llegado a los sectores que están detrás de la zona de las inundaciones”.
“Desde la Defensoría instamos a tomar medidas estructurales que garanticen derechos fundamentales como las vías adecuadas en la región, la garantía del acceso al agua, la electricidad, el saneamiento básico y la salud en esta región del país”, finalizó el vicedefensor del Pueblo, Luis Andrés Fajardo.
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