Este miércoles 12 de octubre, el Ministerio de Justicia y la Embajada de Estados Unidos en Colombia firmaron un acuerdo para la investigación y prevención de casos de corrupción de miembros del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Las acciones estarán enfocadas en los servidores que laboran en el pabellón del alta seguridad de La Picota, en Bogotá.
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, indicó que ―con el Gobierno de Gustavo Petro― el país ha tenido un giro político lleno de cambio y esperanza; sin embargo, la relación internacional con Estados Unidos continuará. “Fruto de eso hoy estemos firmando este acuerdo operativo, concreto, para erradicar de una vez para siempre ese problema tan grave”, destacó el jefe de cartera.
“Es un problema de mucho tiempo, crónico, con algún episodio reciente que nos avergüenza a todos”, puntualizó el funcionario del Gobierno.
El acuerdo fue firmado por Néstor Osuna y el director de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), Brian Harris, de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia. También lo suscribieron el teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez, director del Inpec, y Andrés Díaz Hernádez, líder de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).
Por su parte, Brian Harris manifestó que la corrupción pública es más grave porque participan aquellos que tienen un deber con la población civil. “Los criminales nunca descansan, ellos atentan contra la seguridad a diario, se transforman y buscan estrategias para cumplir a toda costa con sus fechorías”, dijo el director de la INL, refiriéndose a la delincuencia que existe en el pabellón de los extraditables en La Picota.
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Las acciones que se implementarán
La INL le entregará al Gobierno casi 3,5 millones de dólares para realizar asistencia técnica y entrenamientos de prevención, investigación y eliminación de la corrupción. “Se implementará con donaciones de bienes y equipos, tecnología y herramientas que se necesiten para apoyar tales esfuerzos”, precisó Harris.
El ministro de Justicia afirmó que esa ayuda permitirá que la cárcel llegue a ser un espacio de resocialización. “Un centro que permita también justicia restaurativa, pero no una escuela del delito, no un lugar de corrupción, de vergüenza, de escándalos, de violación de derechos humanos”, comentó el jefe de cartera y reiteró su compromiso para erradicar esas anomalías en las prisiones del país.
La estrategia integral
El ministerio y la ILN desarrollaron una estrategia integral para abordar las causas fundamentales de la corrupción relacionada con el crimen organizado y otros delitos que se cometen en el interior de la prisión. Serán el Inpec y la Uspec las entidades encargadas de implementar esas acciones. Para ello, el ministerio designará un grupo de trabajo que le haga seguimiento a la ejecución del proyecto.
Estos son los lineamientos, según un comunicado de prensa del Ministerio de Justicia:
- Revisar, ajustar, actualizar, socializar y aplicar la política anticorrupción del Inpec.
- Establecer una oficina en el complejo carcelario para apoyar la supervisión de las acciones de control y mitigación de la corrupción dentro del pabellón de alta seguridad.
- Implementar en el Inpec una oficina que contará con la asesoría de un representante de la INL para la supervisión, comunicación, control y orden de los diferentes proyectos que tengan inversiones del Departamento de Estado de EE.UU.
- Finalizar el proyecto de construcción y entrega de salas de audiencias virtuales en el pabellón de alta seguridad de La Picota. Este plan está financiado por la INL y busca limitar y controlar los traslados de los privados de la libertad a los despachos judiciales.
- Crear un nuevo grupo operativo para el manejo, custodia y vigilancia de los privados de la libertad. La INL, el Inpec y la Policía Nacional serán los encargados de seleccionar el equipo, con un previo estudio de seguridad, fiscal y de polígrafo.
- Proporcionar apoyo de infraestructura y equipamiento tecnológico, encaminado a controlar y mitigar la corrupción.
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