CIDH abre caso por fiscal que habrían despedido injustificadamente por investigar a paramilitares

El capítulo ‘Hasta la guerra tiene límites’ del Informe Final de la Comisión de la Verdad (que describe las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado, grupos paramilitares y actores insurgentes) menciona que el sistema judicial, concretamente la Fiscalía General de la Nación, habría tenido vínculos con actores paraestatales para que no fueran adelantados procesos judiciales contra diversos cabecillas.

El tomo del extenso documento precisa que durante el periodo en que Luis Camilo Osorio Isaza (2001-2005) ejerció como fiscal General, los ‘paras’ habrían permeado la entidad de control “para favorecer a implicados en crímenes de lesa humanidad y a sus cómplices, sancionar y destituir a funcionarios que investigaron el paramilitarismo y desestimar testigos que señalaran la complicidad entre políticos y paramilitares”. En el marco de esta persecución, habría sido despedido Jaime Eduardo Dongond, fiscal provisional desde 1998.

El exfuncionario, al momento de su despido, estaba investigando los nexos entre las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y diversos actores sociales. Por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos anunció la apertura de un caso en contra de la nación con el fin de determinar si, efectivamente, hubo una persecución contra este trabajador.

De hecho, el Informe Final recoge el testimonio de un exintegrante del Bloque Centauros de las AUC, quien indicó que “la Fiscalía de Luis Camilo Osorio era una Fiscalía nuestra”, y aseguró que Chucho Monroy, asesor del fiscal Osorio, recibió 300.000 dólares por integrantes de esas autodefensas. También, le detalló a la entidad que nació tras la firma del Acuerdo Final de Paz de 2016 bajo qué condiciones fue elegido Osorio como fiscal.

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”Antes de que él llegara, cuando hubo la posesión o el nombramiento ya de él como fiscal, por información de inteligencia y varios contactos que nosotros manejábamos, varias personas nos habían ya dicho que él venía con una misión directa de Carlos Castaño” y que su misión principal era torpedear las investigaciones que en ese entonces cursaban en contra de agentes paraestatales.

Dicha misión se habría cumplido, pues Osorio habría reunido a los fiscales de la Unidad de Derechos Humanos para decirles que no debían centrarse solamente en las pesquisas contra paramilitares, sino que “debían iniciar investigaciones contra la guerrilla”. Bajo ese escenario, Dongond habría sido echado de la entidad.

Al respecto, el informe de la CIDH recoge que “durante la gestión de la Fiscalía General de la Nación del periodo 2001-2005 se inició una política administrativa de persecución y violación de derechos humanos de los fiscales nombrados en provisionalidad, especialmente si estos desarrollaban investigaciones sobre crímenes relacionados con el paramilitarismo”. Incluso, manifestó que se había ordenado el reintegro del fiscal delegado por vía tutela, y efectivamente lo reintegraron; pero al día siguiente lo volvieron a sacar de la entidad.

Este hecho, de acuerdo con la instancia internacional, configuró una vulneración a la ley al no motivar la decisión de manera debida, pasando por encima incluso de la Corte Constitucional. En ese sentido, la CIDH investigará también si hubo una falta de protección judicial para Dongond y la vulneración de algunos de sus derechos, entre ellos, la igualdad ante la ley.

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