Cae cuarto alcalde por el caso de “Las Marionetas”, liderado por el senador Mario Castaño

Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación capturaron al alcalde de Samaná (Caldas), Alfredo Odacid Valencia Duque, en el sector de Paloquemao en Bogotá mientras hacía diligencias personales.

La captura se hizo dentro de la investigación penal sobre el caso de corrupción denominado “Las Marionetas”, banda liderada por el senador electo Mario Castaño, que en complicidad con un grupo de alcaldes, funcionarios y particulares, se apropió de multimillonarios recursos de la administración pública provenientes del patrimonio del Estado para la mejora de espacios para la comunidad.

Este es el cuarto alcalde capturado en este caso. Anteriormente, fueron aprehendidos Jhonattan Manuel Vásquez (La Merced), Diego Fernando González (Aguadas) y Andrés Felipe Aristizábal Parra (Villamaría). Todos renunciaron a los cargos, y ya el gobernador de Caldas los reemplazó con Juan Fernando Ospina Nieto (La Merced), Juan Carlos Ramírez Aguirre (Aguadas) y Jorge Orbay Marín Ceballos (Villamaría).

Así las cosas, Valencia Duque deberá responder por delitos como concierto para delinquir, contrato sin el cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.

De acuerdo con Blu Radio, el mandatario deberá comparecer a la audiencia de control de garantías donde podrá decidir si acepta los delitos o si se somete a un juicio oral y demuestra su inocencia.

Como se recordará, luego de varios meses de alegar su inocencia, Castaño aceptó cargos ante la Corte Suprema de Justicia en el proceso de corrupción en el que es acusado de liderar dicha red para direccionar contratos de recursos públicos y apropiarse de una millonaria tajada.

Ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema llegó en la mañana del miércoles 21 de septiembre el senador liberal para reconocer la responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en celebración de contratos, peculado por apropiación, estafa y concusión que suman en total 19 delitos.

Con esta aceptación de cargos, Castaño se acogió a la sentencia anticipada y podría recibir una rebaja de pena que fijaría su condena a unos 15 años de prisión, aproximadamente, debido a los beneficios que se contemplan en el artículo 40 de la Ley 600 de 2000, que contempla dosificar la pena en una tercera parte.

Luego de que se diese a conocer la aceptación de estos cargos, el Consejo de Estado admitió para estudio las demandas que piden la muerte política del senador.

Los ciudadanos Joan Sebastián Moreno y José Hermes Borda interpusieron la denuncia esperando que la Justicia actúe en pro de lo acontecido y Castaño pierda por siempre su investidura de congresista. A esta acción legal se le suma otra que fue presentada a inicios de este mes, pero que fue denegada por el Consejo de Estado alegando que el denunciante no cumplió con el procedimiento necesario.

Cabe recordar que al día de hoy Castaño no posesionó como congresista, ya que para el pasado 20 de julio, día de toma del cargo, este ya había sido capturado por las autoridades para que respondiera por los delitos que se le acusaron.

Aparte de ser el principal líder de la organización criminal, a Castaño le imputaron los cargos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, concusión y estafa agravada. En el escándalo de ‘Las Marionetas’, durante dos años se llegaron a desviar carca de 43.000 millones de pesos.

Uno de los puntos a favor que tienen los denunciantes para cumplir con su objetivo de que Castaño reciba la muerte política, es que aparte de sus actos delictivos en los procesos de corrupción, el artículo 183 de la Constitución precisa que si los congresistas elegidos no toman posesión de su cargo dentro de los próximos ocho días después del 20 de julio, serán inhabilitados para volver a hacer política.

Si las denuncias presentadas por los ciudadanos están bien constituidas, será entonces obligación del Consejo de Estado evaluar todas las posibilidades y argumentos presentados para que el senador electo no vuelva a presentarse en el Congreso.

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