Durante su participación en un debate en el Congreso de la República, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya, expuso varias de las dificultades sobre invasiones de tierras que aquejan al sector que representa y que es uno de los más importantes para la productividad del país.
En el desarrollo del discurso, Bedoya cuestionó la lentitud que el Gobierno nacional tiene para con quienes desde febrero perturban y ocupan de manera ilegal propiedades privadas en todo el país y dejan pérdidas millonarias para el sector agropecuario, como en el departamento del Cauca, donde la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña) estima que los azucareros dejaron de percibir alrededor de 200.000 millones de pesos por estos actos.
“La violación de los derechos a la vida, al trabajo y a la propiedad privada que se cometen con la invasión de tierras deben tener una respuesta efectiva del Estado y eso se llama judicialización”, aseguró el dirigente gremial.
El presidente de la SAC también cuestionó todos los esfuerzos hechos por el Gobierno para llevar a cabo lo pactado en el punto 1 del Acuerdo de Paz con las Farc (acuerdo de reforma rural integral), mientras que muchos propietarios ven como se difumina el derecho de dominio sin garantías efectivas de las autoridades.
“No puede ser que a punto de violar la ley se busque hacer una reforma agraria. Estuve en el departamento de Caldas cinco horas y hablé con agricultores y todos están asustados por las invasiones”, comentó Bedoya, según citó Contexto Ganadero, ante los asistentes al debate en el Congreso.
Debido a que el discurso de muchos altos funcionarios del gobierno Petro parece legitimar las ocupaciones y avasallamiento de bienes privados y públicos, el líder de los agricultores del país instó al Gobierno nacional a que se hagan efectivos los actos que ordena la ley ejecutar para restituir los predios invadidos.
“Entiendo lo que dice el ministro de Defensa, Iván Velásquez, de que durante las 48 horas siguientes se debe desalojar, pero es que durante esas 48 horas les queman los cultivos y les matan los animales al dueño del predio y, además, el propietario tiene que acudir a la Policía Nacional para pedir el desalojo ¿Y mientras tanto quién le cuida el cultivo?”, cuestionó Jorge Enrique Bedoya.
Finalmente, denunció que en lo corrido de 2022 se reportaron casos de invasión en Sucre, Cesar, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima, Magdalena, Antioquia, Atlántico, Boyacá, Cauca y Bolívar. Asimismo, exigió mano dura para quienes adelantan estas acciones
“Quienes violan la Constitución y la ley, quienes invadan predios no pueden acceder a la reforma agraria”, puntualizó el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia.
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Procesos en contra invasores
La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Cecilia López, anunció hace unas semanas que la reforma agraria del Gobierno del presidente Gustavo Petro se inicia con la titulación de 681.372 hectáreas que beneficiarán a campesinos, indígenas y afrodescendientes. Por eso, los títulos expedidos en septiembre serán entregados a los beneficiarios hasta el próximo 15 de noviembre.
Además, que si bien el Gobierno nacional le metió el acelerador a la redistribución de tierras las invasiones no paran. Al respecto la ministra de Agricultura declaró que el mandato es actuar con toda la ley en casos de invasión, puesto que de acuerdo con su criterio las invasiones a terrenos privados frena el proceso.
En entrevista con RCN Mundo, la funcionaria dijo que la reforma se hace en cumplimiento a uno de los puntos del Acuerdo de Paz, aunque advirtió a quienes invaden tierras que “el mandato es actuar con toda la ley, porque descubrieron que detrás existe la ilegalidad y otros intereses diferentes al reclamo de la tierra”.
Adicionalmente, al citar cifras del Ministerio de Defensa, la ministra López aseguró que ya avanzan 62 investigaciones, de esas 41 por invasión, 17 por avasallamiento y cuatro por usurpación.
La ministra López, además explicó al medio que hay una diferencia frente al fenómeno de la ocupación, que es “donde los indígenas reclaman deudas ancestrales” y les pidió un compás de espera a esas comunidades y agregó que ya empezó el proceso para adjudicarles esas tierras.
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