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Según las cifras presentadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Comercio, en Colombia actualmente hay 122 zonas francas, las cuales, más o menos en los últimos 14 años se recaudaron unos 44 billones de pesos, que entre el 2007 y 2021 representó el 13 % de la inversión extranjera. Esto da muestra de la importancia en el país, sobre todo en materia económica, de estas zonas francas, que se afectarían con la reforma tributaria, que ya se aprobó en primer debate en el Congreso de la República´, presentada por el gobierno nacional, liderados por el ministro de hacienda y crédito público, José Antonio Ocampo.
“A pesar de que las zonas francas fueron creadas en el ordenamiento colombiano con la finalidad de promover las exportaciones, con una reforma que se introdujo en el año 2005, el régimen se modificó, permitiendo que algunos usuarios de zona franca pudieran producir para el mercado interno, representando actualmente el 85 % de sus ventas. Ello supone una competencia injusta para las empresas que no se encuentran en zona franca. Por tanto, con las medidas adoptadas en el proyecto de ley, se busca que las empresas ubicadas en zonas francas cumplan con el propósito para el que fueron creadas, so pena de perder el beneficio de la tarifa reducida. Estas propuestas, dicho sea de paso, han sido recibidas positivamente por estas empresas y los gremios de los empresarios”, señala la ponencia que se debate en el Senado y la Cámara de Representantes.
Para hacerlo más sencillo, esto se habla en el artículo 10 del documento donde se propone que los beneficios tributarios, que actualmente están en el 20 %, sobre los impuestos de rentas en estas zonas, cifra mucho más inferior que la exigida a las empresas, que es del 35 %.
Si allí se quiere mantener esa cifra del 20 % se deberá cumplir con unos topes, máximos, en las ventas dentro del territorio aduanero nacional. Esta llegará a ser del 40 % con la nueva regulación, e iría aumentando gradualmente hasta el 2026.
“Se establece como requisito, para los usuarios industriales de zona franca, para mantener la tarifa del 20%, el cumplimiento de un umbral máximo de operaciones de cualquier naturaleza en el territorio aduanero nacional y de operaciones diferentes al desarrollo de su actividad para la cual fue autorizado, reconocido o calificado, que en todo caso no podrá ser superior al cuarenta por ciento (40 %) para el año gravable 2024, treinta por ciento (30 %) para el año gravables 2025 y veinte por ciento (20 %) a partir del año gravable 2026, de los ingresos netos totales”.
Pues esta medida, según la Asociación Nacional de Industrial, ANDI, puede atentar contra la sostenibilidad de las zonas francas, pues dichos topes no cumplen con la normatividad internacional, principalmente porque la mayoría de los empresarios que operan allí son MiPymes, por lo que se verían gravemente afectadas:
“En el marco de las negociaciones no hemos aceptado la imposición de límites a las ventas al territorio aduanero nacional o el establecimiento de compromisos de exportación, e igualmente hemos evidenciado el grave perjuicio que supone la pérdida de la calidad de usuario en casos de incumplimiento en los límites o umbrales propuestos en el proyecto de artículo”.
De hecho, desde la Cámara de Comercio Colombo Americana, aseguran que en un mediano plazo se podrían poner en riesgo 150 mil empleos, aproximadamente:
“Fijar en la reforma tributaria límites para que las zonas francas vendan a mercado local pone en riesgo su subsistencia a mediano plazo. Las zonas francas generan cerca de 150.000 empleos en que se verían en riesgo si se mantiene la restricción propuesta en la ponencia”, aseguró la presidenta de la entidad, María Claudia Lacouture, en Bloomberg.
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