Ministerio de Defensa deberá enseñar el informe de la Comisión de la Verdad a tropas del Ejército

El Consejo de Estado le ordenó al Ministerio de Defensa emitir una circular que detalle los hechos que vinculan a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional con violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH), como lo son los casos de los mal llamados ‘falsos positivos’ o ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas.

La cartera deberá establecer una “estrategia de pedagogía y sensibilización del capítulo III del Informe Final” de la Comisión de la Verdad, el cual señala los hallazgos que encontró la entidad junto con sus recomendaciones para la no repetición. El ministerio tendrá un plazo de dos meses para elaborar la circular y un mes después deberá entregarla “a cada integrante de la fuerza pública del territorio nacional”.

La decisión la tomó el Consejo de Estado después de estudiar un caso de un ‘falso positivo’ el municipio de El Carmen, Norte de Santander. Se trata de Álvaro Guerrero Melo, que salió de la casa de su madre el 9 de septiembre de 2007 a recoger un mercado y nunca regresó. Dos días después, sus familiares lo buscaron en la morgue de Ocaña, donde lo identificaron y les dijeron que había fallecido en un enfrentamiento con el Ejército Nacional.

Lo cierto es que después se determinó que Álvaro Guerrero fue detenido de manera arbitraria y ejecutado extrajudicialmente por integrantes del Batallón de Contraguerrilla 98 de la Brigada Móvil No.15 en vereda Villanueva. Esas acciones habrían sido planeadas para hacer pasar a la víctima como un miembro de un grupo armado al margen de la ley.

Según el diario El Tiempo, los militares implicados aseguraron en los informes oficiales que se trataba de una misión “para capturar o neutralizar narcoterroristas” que habían entrado a la vereda. Incluso, el acta de inspección del cadáver se afirmó —falsamente― que tenía “el dedo índice de la mano derecha sobre el disparador de un fusil AK-47″.

A pesar de que Álvaro Guerrero no tenía restos de pólvora por el supuesto “enfrentamiento”, su cuerpo recibió siete impactos de bala a una distancia menor de dos metros. El medio de comunicación citado indicó que cuando la víctima desapareció llevaba un pantalón caqui y un buzo azul manda larga; sin embargo, cuando su cuerpo llegó a la morgue tenía un pantalón camuflado.

Por esa razón, sus familiares decidieron demandar a la Nación, al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional por el crimen. Ese recurso fue el que recibió el Consejo de Estado y el que terminó dándole la razón a las víctimas.

Si bien algunos de los implicados del caso se acogieron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), uno de ellos confesó el crimen en febrero de 2011. El suboficial retirado del Ejército, Néstor Guillermo Gutiérrez, reconoció que el 2 o 3 de septiembre llevó una caja con un fusil AK-47, con un proveedor y un pantalón con el camuflado antiguo, todo eso estaba ‘encaletado’ en costales de comida.

El pasado 26 de abril, Néstor Guillermo Gutiérrez volvió a hablar en una audiencia de la JEP y aceptó su responsabilidad por los ‘falsos positivos’ del Catatumbo cuando era cabo primero y comandante de la escuadra en la Brigada Móvil 15. “Yo reconozco y acepto mi responsabilidad como coautor por los crímenes de guerra, de lesa humanidad y homicidio en persona protegida, crímenes que cometí”, dijo el exmilitar.

Gutiérrez aclaró que le quitaron la vida a civiles, elaborando una lista de personas de la región que serían las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales. “No voy a justificar lo que hice porque cometí delitos, crímenes. Asesinamos personas inocentes, campesinos. Quiero aclararlo acá: lo que asesinamos fueron campesinos”, agregó.

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