Denuncian a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, por presunto pánico económico

Para los denunciantes, algunas declaraciones de la jefe de cartera estaría afectando la confianza no solamente del sector energético sino de otros sectores de la economía nacional

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Irene Vélez, miembro del equipo de empalme del gobierno Petro, sería la próxima ministra de las TIC.
FOTO: vía Twitter (@IreneVelezT)
Irene Vélez, miembro del equipo de empalme del gobierno Petro, sería la próxima ministra de las TIC. FOTO: vía Twitter (@IreneVelezT)

Algunas declaraciones de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, no solo han provocado polémica, sino ahora una denuncia en su contra. Óscar Villamizar y Juan Espinal, representantes a la Cámara del Centro Democrático, consideraron que las equivocaciones de la jefe de cartera han causado pánico económico en la industria energética del país, y han decidido denunciarla.

“La doctora Irene Vélez Torres durante su ministerio ha venido realizando afirmaciones falaces en distintos medios de comunicación de amplia circulación a nivel nacional que han generado zozobra, pánico y alarmas en el sector de minería, hidrocarburos e infraestructura energética en el país”, dice la denuncia.

En dicho documento, los legisladores hacen una lista de todas las salidas en falso que ha tenido la ministra y argumentan que con esto ha creado dudas e incertidumbre en el futuro energético del país, teniendo en cuenta que la cartera que dirige es una de las más importantes en el país.

“Nuestro país tiene un Presupuesto General de la Nación que hoy corre un riesgo muy grande con los anuncios de la ministra. 32 billones de pesos es lo que la industria de petróleo y gas le entrega al país para su presupuesto. Con los anuncios que ha venido haciendo la ministra, muchas de esas empresas han parado las inversiones, lo que quiere decir que se va a afectar la productividad”, dijo Óscar Villamizar en rueda de prensa.

Irene Vélez no tuvo un inicio de gobierno fácil. Sus declaraciones la hicieron blanco de críticas y la oposición puso en duda su idoneidad para representar la cartera de Energía, un sector de una importancia vital en el país. Su ‘descache’ más recordado fue la declaración que hizo en el Congreso Nacional Minero en Cartagena, donde aseguró que Colombia debe exigir a los otros países empezar a “decrecer su modelo económico”. En ese mismo evento abandonó a la mitad una rueda de prensa al tener un desacuerdo con un par de periodistas.

En otra ocasión, dijo que el país no firmará nuevos contratos para la exploración y explotación de gas, y que en caso de que las reservas no sean suficientes para cubrir las demandas, se importaría. “En el caso de que las reservas de gas natural llegaran a muy bajos niveles, o hasta el punto de agotarse, está la posibilidad de importar el energético del país vecino: Venezuela”.

Para los denunciantes, todas estas declaraciones han tenido un impacto negativo no solo en el sector energético, sino en otros sectores de la economía nacional, más teniendo en cuenta la relevancia de la cartera que Irene Vélez dirige.

Las declaraciones que en materia de su Ministerio realice la doctora Irene Vélez Torres por su investidura tienen eco en todos los sectores económicos a nivel Nacional; máxime si tenemos en cuenta que las expectativas de los principales actores del sector de Hidrocarburos en el país no son positivas, que actualmente en dicho sector existe una penumbra donde brilla el miedo y la zozobra, ingredientes mortales si le sumamos las desacertadas afirmaciones de diferente índole que en medios ha venido realizando irresponsablemente la ministra, cuyas repercusiones son cuantificables objetivamente: disminución de la valorización de la Bolsa de Valores de Colombia y de la acción de Ecopetrol en el mercado bursátil”, se puede leer en la denuncia.

El documento contiene 33 páginas, y expone todos los motivos por los cuales la ministra estaría incurriendo en el delito de pánico económico. Según el Código Penal, se incurre en este delito cuando se difunda información falsa o inexacta que afecte la confianza de inversionistas, clientes, accionistas y demás. La pena es “prisión de treinta y dos (32) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

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