Debido a las denuncias que la Defensoría del Pueblo recibió por parte de la comunidad araucana, la entidad envió una misión de verificación de la Regional Arauca, para evaluar las condiciones de derechos humanos en las que se encuentran los pobladores del corregimiento de cañas Bravas, población ubicada entre los municipios de Arauca, Arauquita y Puerto Rondón (Arauca).
La comisión de la defensoría de la Regional Arauca pudo constatar las graves condiciones humanitarias en las que permanecen los pobladores de esta región, conforme a lo informado por el ente del Ministerio Público, la población civil se encuentra en un estado de temor y zozobra generalizada. Situación que se deriva de los enfrentamientos que se han registrado por parte de grupos armados ilegales que tienen presencia en esa zona del país.
La Defensoría del Pueblo advirtió que cerca de 25 familias están confinadas, sin acceso a agua y con desabastecimiento de víveres y alimentos.
“Se registró que al menos 25 familias campesinas están confinadas en sus viviendas, donde también se encuentran niños y adultos mayores; lo mismo ocurre con 170 familias indígenas del pueblo Hitnú que no pueden salir de sus resguardos. Esta situación ha ocasionado el desabastecimiento de los víveres necesarios para su alimentación, la imposibilidad de asistir a citas médicas y adquirir medicamentos, una situación que afecta especialmente a la población de la tercera edad y pone en grave riesgo su derecho a la salud y a la vida”, precisó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
La entidad señaló que, en vista del riesgo al que estaban expuestas las personas de la tercera edad de esta población, hicieron entrega de medicamentos de primera necesidad, pues no habían podido acceder a sus medicamentos vitales por causa del confinamiento.
De igual manera, las personas que allí se ubican, permanecen sin acceso a agua potable y la prestación del servicio de salud es escasa. Una situación que la defensoría dice que podría ser el fruto del precario estado de las vías que conducen al interior del corregimiento Cañas Bravas.
Respecto a las instituciones educativas de este sector del departamento de Arauca, la defensoría comprobó que 13 escuelas rurales y el centro educativo El Tránsito en Bocas de Ele permanecen cerradas, a razón de que la mayoría de estos planteles no cuenta con la infraestructura básica para desarrollar clases.
Esta comisión de la defensoría también observó la afectación a viviendas por el efecto del uso de armas no convencionales, como tatucos o cilindros bomba. Lo que abre la posibilidad de que hayan quedado remanentes explosivos después de los enfrentamientos.
“La comisión de verificación humanitaria también observó la afectación a los bienes civiles y viviendas de los pobladores que quedaron destruidas por el efecto del uso de armas no convencionales, como los tatucos o cilindros bomba, y la posibilidad de que hayan quedado remanentes explosivos después de los enfrentamientos, con grave riesgo para la población civil”, añadió el defensor del Pueblo.
Luego de comprobar las graves situaciones en las que se encuentran los pobladores de Cañas Bravas y tras comprobar que 25 familias permanecen recluidas, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado al municipio de Arauquita y a la gobernación de Arauca para que brinden, de manera prioritaria, asistencia humanitaria a esta población.
También solicitó a las autoridades a destinar los recursos suficientes para que se implementen estrategias de atención integral a las personas que han resultado afectadas por las confrontaciones armadas.
En este sentido, la entidad del Ministerio Público, instó a los actores armados a dejar por fuera del conflicto a la población civil que reside en la zona.
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