Si hay una tarea de alto riesgo en Colombia es la del liderazgo social. Líderes sociales han sido víctimas, desde hace muchas décadas, de graves estigmatizaciones. Desde el Estado colombiano, sus instituciones y la ciudadanía se les ha tildado de ser opositores políticos, de ir en contravía al desarrollo del país, de apátridas, de cubrir a grupos insurgentes, en fin, muchos señalamientos que se resumen en una cifra preocupante: desde la firma del Acuerdo de Paz más de 1.300 líderes sociales han sido asesinados.
Esta población que históricamente ha sido silenciada e ignorada, nunca se ha vencido. Son personas que se caracterizan por la defensa y promoción de los derechos humanos. Hacen una labor social sin ningún estímulo económico y representan a sectores vulnerables como víctimas del conflicto armado, sindicatos, población afrodescendiente, indígenas, campesinos, LGTBIQ+, entre otros.
En 2012 nació un premio y un reconocimiento para enaltecer las labores de hombres y mujeres que arriesgan su vida por un bien común. Desde hace 10 años, Diakonia, una organización sueca sin ánimo de lucro fundada en 1966 por la Misión de la Alianza Sueca y la Iglesia Equmenia, junto con Act Iglesia Sueca, vienen entregado el Premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia.
El próximo 19 de octubre, en el auditorio del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, se conocerá a los ganadores del premio que resalta la labor social adelantada en 2021. Días antes del evento Infobae Colombia habló con Cesar Grajales, director de Diakonia en Colombia, sobre la necesidad de resaltar a los y a las líderes sociales del país.
“El premio nació por una situación muy alarmante de violaciones de derechos humanos y crímenes perpetrados en contra de los defensores y defensoras sociales. Nos propusimos entregar este premio porque descubrimos que había tres elementos claves para mejorar la protección de estas personas”, le dijo Grajales a Infobae.
Grajales fue muy claro en enumerar los tres aspectos que considera claves para defender el liderazgo social en Colombia. La primera es que el Estado colombiano cumpla con sus obligaciones legales y constitucionales para garantizar la vida de los defensores y líderes sociales.
El segundo elemento, dice el director de Diakonia, es no confiar en las garantías dadas desde el Estado, “porque se nota que están ausentes y que hay grandes déficits de protección”. Por esa razón, considera necesario trabajar en medidas de autoprotección en las comunidades afectadas y vulnerables para proteger la vida tanto individual, como colectiva.
Y por último, la legitimidad política. “Esto no se hace por decreto, la legitimidad debería reconocerla las personas, pero la sociedad colombiana está bastante distante de los defensores sociales en este momento”, reconoció Grajales.
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Desde su primera edición este premio se ha consolidado como un espacio de visibilidad para los defensores sociales. “El premio como tal es un homenaje. A los ganadores se les abren muchas puertas para presentar sus iniciativas. Nosotros nos comprometemos a acompañar los esfuerzos de las incidencias”, puntualizó el director de la organización internacional que en 1997 abrió sus oficinas en Colombia.
Los galardones para esta edición están representados en cuatro piezas artesanales que llevan plasmadas las visiones del pueblo indígena originario del Valle de Sibundoy, al suroccidente de Colombia, en donde cada uno es tejido y tallado a mano por el artista y artesano, William Chicunque.
Hace 10 años un líder social del país le agradeció a Diakonia este espacio y este reconocimiento. “No estamos acostumbrados a que nos den las gracias, nos hagan homenajes o nos digan que somos valiosos para el país. Estamos acostumbrados a las amenazas y a los asesinatos,” palabras que Grajales no olvida y lo motivan a seguir trabajando en la defensa de los líderes sociales.
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Tres mujeres que hacen parte del Gobierno de Gustavo Petro han recibido el premio Nacional de Derechos Humanos. En 2014, la ministra de Cultura, Patricia Ariza recibió el galardón en la categoría ‘Toda una Vida’. De acuerdo con el jurado de la época:
“Mediante obras de teatro y diversos tipos de expresión, trabaja con las víctimas y artistas, buscando alternativas diversas de acompañamiento en la defensa de los Derechos Humanos y la reconstrucción de la sociedad, convirtiendo el dolor en fuerza transformadora”.
Una año después, es decir en 2015, la actual vicepresidenta de la República, Francia Márquez recibió el premio como defensora del año. Como líder afro del norte del Cauca, Márquez Mina “es responsable de la coordinación del área derechos colectivos y derechos humanos en Palenque Alto Cauca, así como de procesos de comunidades negras y vocera de la Movilización de Mujeres por el Cuidado de la Vida y los Territorios Ancestrales”, se leyó cuando Francia ganó el premio.
La hoy consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, Clemencia Carabali, también tuvo el honor de ser reconocida como defensora del año en 2019. Carabali es hoy una de las personas más cercanas a la Vicepresidencia de Colombia. Antes de llegar a la Casa de Nariño, sobre ella dijeron:
“Sobre sus hombros recaen más de 30 años de constante trabajo en defensa del territorio ancestral de las comunidades negras y los derechos de las mujeres. Uno de sus principales campos de trabajo es el desarrollo de proyectos productivos basados en la recuperación de la finca tradicional, con el fin de promover la autonomía económica de las mujeres y el desarrollo de las fuerzas de producción tradicional del pueblo negro.”
Que Francia Márquez, Patricia Ariza y Clemencia Carabali sean parte clave del Gobierno nacional manda un mensaje sobre la urgencia y la necesidad de seguir abriendo las puertas de la participación política a personas defensoras de derechos humanos y que conozcan de cerca la realidad de las zonas más afectadas y olvidadas del país.
Para Cesar Grajales ver a tres mujeres que ganaron el premio Nacional de Derechos Humanos en el poder legislativo afirma el trabajo riguroso que se ha realizado desde la organización: “Son tres personas muy destacadas. Esto lo que nos confirma es que el jurado calificó a estas personas con mucha justicia, con mucha asertividad, porque son personas de notables liderazgos y de una altura ética en su vida personal y profesional”.
Desde sus inicios, el trabajo de Diakonia se ha orientado en construir alternativas y posibilidades de articulación con organizaciones de la sociedad civil para transformar, para cambiar, las estructuras que generan pobreza, exclusión, marginación y violencia.
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Hablar de líderes sociales en Colombia recuerda la canción del Grupo Niche ‘A prueba de fuego’ que dice: “Defender un país con mis principios, con mis ideales, defender una tierra no sé si ajena valga la pena... De qué valió me pregunto yo, mi bandera y mi emblema, si yo soy parte de la solución, no del problema”.
Con este pedazo de la canción del grupo de salsa colombiano concuerda Grajales: “Las y los defensores sociales no son un problema para Colombia, son parte de la solución. El problema no es que haya denuncias de violaciones de derechos humanos, el problema es mirar qué pasa para que defensoras y defensores los denuncien”.
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Han pasado 10 años desde la primera entrega del premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia. El director de Diakonia en el país reconoce que el contexto en esa época era mucho más adverso.
“Vemos que ahora la sociedad es mucho más sensible a reconocer el trabajo del liderazgo social y a esas personas que están dando una lucha pacífica dentro de las leyes de la Constitución Nacional y amparadas por tratados internacionales para defender asuntos que son de todos”.
Para la edición de 2022 doce son los defensores y defensoras finalistas a la XI Edición del premio Nacional de Derechos Humanos. Este año se destacan los liderazgos de mujeres y ONGs, “cuya labor es indispensable para la construcción de paz, la igualdad de género y el aporte que hacen a la democracia. A ellas y a todos los nominados, un reconocimiento a su valentía”, se lee en la página oficial del evento.
En la categoría uno: Defensora del año las nominadas son:
Yudely Mosquera Valencia: Defensora de los derechos de mujeres víctimas de violencia basada en género por parte de grupos armados en el departamento de Chocó.
Luz Nidia Finscué: Exgobernadora del resguardo indígena Páez-Huila, del corregimiento Rionegro, en el municipio de Íquira, departamento del Huila.
Luz Estella Romero Villalva: Abogada feminista y defensora de DDHH comunidades empobrecidas de la región Caribe. Fundó la Asociación Colectivo Mujeres al Derecho (ASOCOLEMAD).
En la categoría 2A: Experiencia o proceso colectivo del año: “Nivel proceso social comunitario”.
Consejo Comunitario General del San Juan – ACADESAN: Consejo conformado por familias negras pobladoras ribereñas del río San Juan y sus afluentes en el sur del departamento del Chocó y el Occidente del Valle del Cauca.
Red Somos Génesis: Red compuesta por más de 160 procesos organizativos y comunitarios rurales de base, que agrupa comunidades negras, indígenas, campesinas, mujeres, jóvenes, niños, niñas y redes sociales.
Proceso Colectivo por la Tierra y el Territorio de El Porvenir: Es un caso emblemático de la lucha por la tierra en la región de los Llanos Orientales.
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CATEGORÍA 2B: Experiencia o proceso colectivo del año: " Nivel ONG, colectivo y ONG acompañantes”, están:
Nación Wayúu: Organización indígena que defiende y promueve los derechos del pueblo Wayúu, asentado en el departamento de La Guajira.
Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño – CAHUCOPANA: Organización de base campesina y minera que surgió en el año 2004 como respuesta a la crisis humanitaria causada por estructuras paramilitares en la región del nordeste antioqueño.
Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad – LIMPAL COLOMBIA: Organización feminista, pacifista y antimilitarista que trabaja en la construcción de paz en Colombia desde hace 24 años.
CATEGORÍA 3: RECONOCIMIENTO “A TODA UNA VIDA”.
Irma Tulia Escobar Márquez: Defensora de DDHH, Licenciada en Educación, representante legal de la Fundación Luz de Esperanza del Futuro y asesora de la Asociación Afrocolombiana de Platoneras Productivas del municipio de Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca.
Edilia Mendoza Roa: Defensora de DDHH oriunda del departamento de Santander, es presidenta de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos Unidad y Reconstrucción (ANUC-UR).
Aura María Diaz Hernández: Inició el camino del liderazgo social y la defensa de los DDHH hace más de 40 años, desde las bases comunales en el departamento de Santander, donde impulsó proyectos dirigidos a las organizaciones campesinas y a favor de sus derechos.
En la lista de finalistas al premio Nacional de Derechos Humanos 2022, sin duda, se destaca el trabajo realizado por mujeres. Algo que no es predeterminado ni pensado por los organizadores, ni por los jurados nacionales e internacionales encargados de entregar el premio.
“Hacer visibles las luchas de las mujeres es un acto de justicia. Es verdad que han sido nominadas más mujeres y organizaciones de mujeres que en los últimos años, eso probablemente tiene que ver con el hecho de que se hicieron más visibles sus contribuciones en los tiempos de la pandemia, donde multiplicaron los esfuerzos para defender la vida, defender los espacios comunitarios. Las mujeres han estado siempre ahí”, indicó Cesar Grajales en su entrevista con Infobae Colombia.
Cuando faltan 10 dias para conocer a los ganadores del Premio Nacional de Derechos Humanos, Cesar Grajales, uno de los impulsores de este reconocimiento define lo que para él es ser un líder social: “Son personas que hicieron de su vida algo más grande que los límites de su casa. Están dispuestos a decirle no a todo lo que haya que decirle que no. Mandan un mensaje de que no se le pone un precio ni a las personas, ni a las libertades, ni a los bienes naturales. Los defensores y los líderes sociales hicieron que mucha gente sea su gente”.
Ahora las personas que serán reconocidas el próximo 19 de octubre deben saber que este espacio es exclusivo para resaltar su labor social, que sepan que su trabajo es reconcido y valorado. De acuerdo con Grajales, el país cambiará, realmente, cuando entendamos que el cuidado de la naturaleza y de los derechos humanos sea un asunto de todos. “Porque lo que ellos protegen en los territorios, se ve reflejado en la ciudades”:
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