“La reforma consiste no solo en el compromiso de entregar tierra, sino de garantizar las condiciones de productividad”: Iván Cepeda

El día de ayer 8 de octubre el Gobierno Nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro, la ministra de Agricultura, Cecilia López, y el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda firmaron un acuerdo con José Félix Lafaurie presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos FEDEGÁN con el que se trata que tres millones de hectáreas sean adquiridas por el Estado y contribuyan con el avance de la reforma agraria, uno de los puntos clave del Acuerdo Final entre el Estado y la extinta guerrilla de las FARC.

Al respecto se pronunció el Senador del Pacto Histórico Iván Cepeda, el Congresista que ha sido un activo funcionario para los temas de paz resaltó lo positivo de este acuerdo que será un componente importante para llegar a la realización de la ‘Paz Total’.

“Se reconoce que para lograr la Paz Total se requiere superar la extrema concentración de la tierra, que existe voluntad para permitir el acceso a tres millones de hectáreas a quienes más las necesitan: población campesina, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes”.

De igual manera indicó el Senador Cepeda que la realización de este acuerdo es un claro acercamiento al cumplimiento del proceso de paz desarrollado en el 2016. Además puntualizó que no es importante solamente las hectáreas sino también condiciones de los terrenos.

“El carácter integral de la reforma consiste en el compromiso no solo de entregar tierra, sino de además garantizar las condiciones de productividad, vías de acceso a mercados, insumos agrícolas, que hagan viable y sostenible el proyecto a largo plazo”.

Se debe recordar que el documento establece varias condiciones para la venta de esas tierras. En primer lugar, el acuerdo, que fue convenido el pasado 6 de octubre y firmado dos días después, establece que los terrenos deben estar acreditados como propiedad privada conforme a la ley. Además, no deben tener ningún proceso agrario en curso —una pelea legal sobre el terreno que se va a vender— ni medidas de protección —es decir, ninguna víctima de la violencia debe haber reclamado esa tierra ante la ley—. Los predios deben estar libres de deudas con el fisco y con posesión en manos de sus propietarios.

Además, la parcela debe cumplir con un conjunto de disposiciones ambientales, agrarias y ecológicas necesarias para el uso que se le dará, es decir, la siembra. Las autoridades evaluarán la capacidad productiva del terreno que ofrezcan y precisarán su ubicación a escala municipal y veredal.

Sobre el valor o los gastos que asumirá el Gobierno Nacional el Congresista del Pacto mencionó que los precios serán establecidos por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). “El valor de compra. Se adquirirán por el Estado predios por su valor comercial (Ley 160/94). El IGAC determinará precios mínimos y máximos de oferta, más el resultado del catastro multipropósito. Pago con bonos de deuda pública y otros medios que determine el Gobierno”.

Varios sectores han señalado que la adquisición de tierras por parte del Estado es una de las maneras más acertadas de luchar contra el problema de repartición de terrenos, se debe recordar lo opinado sobre el complejo escenario por el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) Gerardo Vega, quien indicó que la reforma agraria es la solución para una alarmante cifra: “el 65% del rector rural no esta formalizado y el Estado no sabe quienes son sus propietarios”.

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