A través de una misiva, el Consejo Regional Indígena del Cauca —CRIC— denunció este domingo 9 de octubre que desde hace tres años se ha incrementado la presencia de grupos de delincuencia común en el municipio Silvia. Esto, de acuerdo con la organización, entorpece los procesos de construcción de paz territorial a través de los ‘Planes de vida’ y mandatos comunitarios.
De hecho, no solamente grupos delincuenciales están presentes en esta región: durante el gobierno del expresidente Iván Duque, organizaciones residuales de las extintas Farc empezaron una disputa por el territorio que, antes de la firma del Acuerdo Final de Paz, estaban en poder de esa guerrilla. Los robos, las extorsiones y la instrumentalización de niños y jóvenes para transportar droga se han convertido en una constante; sin embargo, el pasado viernes 7 de octubre ocurrió un hecho que alertó a la comunidad kisgó.
Sobre las 8:30 de la noche, hombres armados llegaron a la casa del comunero Jaime Andrés Tunubalá Gembuel, ubicada en la vereda El Salado, y lo asesinaron con seis tiros en presencia de su familia. De acuerdo con primeras investigaciones, el comunal era un reconocido mototaxista de esa zona.
“Una vez logrando su cometido, los asesinos bajan hacia la vía carreteable que conduce al municipio de Jambaló y emprenden la huida en motocicletas, que los esperaban, aprovechando la oscuridad de la noche”, señala el pronunciamiento del CRIC. De paso, manifestaron que la huida de los sujetos fue más fácil porque en ese sector no hay luz y la señal de celular es deficiente.
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Y si bien el caso ya está siendo investigado por las autoridades, el CRIC hace un enérgico llamado al Gobierno nacional para que realicen acciones urgentes a modo de proteger la vida de la población kisgó. También, le pidieron a la Defensoría del Pueblo y a otros organismos defensores de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario —DIH— para que hagan un trabajo de veeduría, “vigilancia, denuncia, observación y acompañamiento” de las comunidades afectadas no solo por este crimen sino por la escalada de violencia registrada desde el gobierno anterior.
Además, exhortaron “a las instancias de alto Nivel de garantías de Seguridad en el marco de la implementación de los acuerdos de La Habana para que se tomen todas las medidas necesarias y realicen acciones para el esclarecimiento de los hechos y garantizar los mecanismos de no repetición”. También le hicieron un llamado a la comunidad internacional para revisar la “grave situación sistemática” de violaciones a los derechos humanos en ese municipio de Cauca.
Finalmente, expresaron que se debe dar cumplimiento al Capítulo Étnico del Acuerdo Final de Paz, el cual reconoce que los pueblos étnicos han contribuido a la construcción de paz y el desarrollo social y económico en el país. A su vez, pidieron que se realice una exhaustiva investigación para esclarecer con prontitud quiénes fueron los responsables del crimen contra Tunubalá Gembuel y con el fin de garantizar la protección del territorio.
Vale indicar que, a esta crisis de seguridad que se presenta en el territorio se suma que hace varias semanas se conoció que 1600 estudiantes de Silvia no están recibiendo su alimentación escolar, lo cual generó protestas entre los mismos niños del municipio.
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