Este sábado 8 de octubre se firmó el acuerdo entre el gremio de ganaderos de Colombia, encabezado por José Félix Lafaurie, y el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, la ministra de Agricultura, Cecilia López, y el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda. Se trata de un convenio para que los terratenientes de ese sector productivo vendan tres millones de hectáreas y contribuyan con el avance de la reforma agraria, uno de los puntos clave del Acuerdo Final entre el Estado y la extinta guerrilla de las FARC.
“Por primera vez, un sector muy poderoso de quienes detentan la tierra en Colombia, los ganaderos, se han comprometido con el actual gobierno a un proceso que debe conducir a la reforma rural integral”, mencionó el senador Iván Cepeda, uno de los asistentes a la firma del acuerdo.
Este documento establece varias condiciones para la venta de esas tierras. En primer lugar, el acuerdo, que fue convenido el pasado 6 de octubre y firmado dos días después, establece que los terrenos deben estar acreditados como propiedad privada conforme a la ley. Además, no deben tener ningún proceso agrario en curso —una pelea legal sobre el terreno que se va a vender— ni medidas de protección —es decir, ninguna víctima de la violencia debe haber reclamado esa tierra ante la ley—. Los predios deben estar libres de deudas con el fisco y con posesión en manos de sus propietarios.
Además, la parcela debe cumplir con un conjunto de disposiciones ambientales, agrarias y ecológicas necesarias para el uso que se le dará, es decir, la siembra. Las autoridades evaluarán la capacidad productiva del terreno que ofrezcan y precisarán su ubicación a escala municipal y veredal.
Los ganaderos que participen en el acuerdo deberán vender sus predios por su valor comercial, según la Ley 160 de 1994 —Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino—. Los precios mínimos y máximos por los terrenos serán establecidos por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), junto con el resultado del catastro multipropósito. El Gobierno pagará el precio convenido más los costos adicionales que implica la venta del terreno, con bonos de deuda pública u otra forma de pago a convenir. El Ministerio de Agricultura definirá el uso específico que se les dará a las tierras compradas.
La idea del acuerdo es que el Estado compre las tierras a los ganaderos por número de hectáreas. De ese modo se facilitará la ejecución de proyectos productivos en escalas rentables. Además, el Gobierno se compromete a construir y dar mantenimiento a las vías terciarias necesarias para que los nuevos dueños de la tierra puedan conectarse con el resto del país y comercializar sus cosechas en condiciones de competitividad.
Esta compra masiva alimentará el Fondo Nacional de Tierras, creado en la Reforma Rural Integral para cumplir el Acuerdo Final. Además, pretende cumplir el compromiso de democratización de tierra y reconocimiento de derechos territoriales a las comunidades campesinas, pueblos afrocolombianos e indígenas.
Para verificar que se cumpla lo pactado en este acuerdo, habrá acompañamiento del Banco Mundial y de la Misión de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia. Además, se creará una mesa de trabajo liderada por el Ministerio de Agricultura y con la participación de la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural y otras entidades públicas. En esa mesa también habrá representantes de Fedegán, los cuales serán elegidos por ese gremio.
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