Disidentes de las Farc no podrían ser extraditados: denuncian “mico” en ley de Orden Público del gobierno Petro

Paralamentarios del Centro Democrático hablan de un ‘mico’ en la Ley, pues advierten que quienes hayan incumplido el acuerdo de paz se verían beneficiados con la no extradición como disidentes

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29-04-2019 Senado de Colombia.
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La Ley de Orden Público que es discutido en las comisiones primeras del Senado y Cámara es cuestionada por el congresista Hernán Cadavid, quien dijo que dicha ley tendría un ‘mico’ u ‘orangután’ como lo denominó el propio representante a la Cámara por Antioquia, pues dice que un artículo le concedería la facultad a una ONG de entrar a dialogar con grupos armados, algo que no es bien visto por los opositores.

“Las organizaciones humanitarias con presencia en Colombia, en ejercicio pleno y corroborable de los principios humanitarios, que brinden protección y asistencia humanitaria a la población afectada por conflictos armados o por la violencia, podrán sostener contacto ocasional o continuado, con grupos armados organizados al margen de la ley o estructuras de crimen organizado de alto impacto, con fines exclusivamente humanitarios, previa autorización del presidente de la República”, se lee en el artículo.

“#ATENCIÓN: Ojo con éste ‘GOLAZO’ que quieren meter en Ley de Orden Público: Darán facultades a las ONGs cercanas al Gobierno Petro para tener contacto con grupos armados ¡Camina otro ORANGUTÁN!”, dijo Cadavid en su cuenta de Twitter, advirtiendo sobre esta parte de la Ley.

Asimismo, dentro de la misma discusión se encontró un parágrafo que le concedería el beneficio de no ser extraditados a aquellos disidentes de las FARC que no cumplieron con el acuerdo de paz hecho bajo el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.

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El parágrafo transitorio, el cual fue publicado por el mismo representante a la Cámara, dicta: “La ejecución de las órdenes de captura con fines de extradición o que hayan de expedirse contra los exintegrantes de las FARC-EP que se hallen en el listado aceptado y acreditado por el Alto Comisionado para la Paz y hayan a su vez firmado un acta de compromiso de dejación de las armas, se mantendrán suspendidas, hasta su situación jurídica sea resuelta por el órgano pertinente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)”, dice el aparte.

Hernán Cadavid aprovechó para preguntar quién estará detrás de beneficiar a los integrantes de las FARC, pues la medida parece que no tiene mucha acogida a nivel del legislativo.

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Por esta razón, miembros del Centro Democrático dijeron que apoyarán a Cadavid para que se presione la eliminación de este parágrafo de la Ley de Orden Público propuesto por el gobierno de Gustavo Petro. El próximo 10 de octubre se continuaría con dicha discusión en las comisiones competentes de esta área legislativa.

Para entonces se espera una justificación clara sobre estos puntos por parte de los representantes del Gobierno, pues dentro de la discusión se plantea la viabilidad de dichas medidas en aras de conseguir realmente uno de los mayores propósitos del mandato de Petro: La Paz Total, la cual pretende involucrar a la mayor parte posible de grupos armados y delincuenciales del país.

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