Procuraduría abre indagación por presuntas irregularidades en el traslado de Emilio Tapia a Barranquilla

Este jueves la Procuraduría General de la Nación anunció que abrió una indagación contra varios funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ―Inpec― por presuntas irregularidades y actuaciones indebidas en el traslado de Emilio Tapia Aldana desde la cárcel La Picaleña, de Ibagué, a El Bosque, en Barranquilla.

Tapia, señalado de ser uno de los principales responsables por la pérdida de 70 mil millones de pesos del sonado contrato de Centros Poblado con el Ministerio de las TIC, fue trasladado el pasado 23 de junio a la capital atlanticense luego de lograr a su favor un fallo de tutela que interpuso su esposa, Natalia Morales, alegando que se estaba vulnerando los derechos a la unidad familiar, interés superior del menor, igualdad y dignidad humana

“Al parecer, el movimiento del interno habría sido autorizado por un juez de Malambo, Atlántico, en acción de tutela y fundamentado en un correo electrónico que aparentemente envió un funcionario de la Oficina Jurídica del Inpec desistiendo de la apelación del mencionado fallo de tutela”, indicó la Procuraduría.

El proceso estará a cargo de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, que deberá investigar si en efecto hubo irregularidades o no en los trámites que produjeron el traslado de Tapia hacia Barranquilla.

Aquel fue el segundo traslado del contratista en menos de un año. En septiembre de 2021 un juez de Control de Garantías le dictaminó medida de aseguramiento y lo envió a la cárcel La Picota de Bogotá. Desde allí estuvo adelantando su defensa, hasta que el 3 de marzo pasado fue protagonista del escándalo de las salidas ilegales de ese centro penitenciario, que también implicó al empresario Carlos Mattos. Entonces fue enviado a Ibagué.

En ese escándalo, Noticias Caracol reveló videos de Mattos paseándose por Bogotá en compañía de vigilantes del Inpec. Por eso, Mariano Botero Coy tuvo que abandonar la dirección del instituto y en su reemplazo llegó de manera provisional el teniente Joaquín Darío Medrano, que determinó como primera medida el traslado de Tapia junto a otros reclusos.

El fallo de tutela a favor de Tapia argumenta que no se manifestó nunca que el empresario estuviera inmerso en las irregularidades dentro de La Picota ni que estuviese relacionado con actos de indisciplina. Para llegar a la conclusión definitiva, el juez analizó previamente la respuesta enviada por el Inpec y destacó que tras un estudio exhaustivo de las razones “o sustento de los oficios negatorios de traslado solicitados al Inpec por el accionante”, se determinó que la motivación de este traslado es insuficiente, “teniendo en cuenta que únicamente se sustenta por razones de seguridad”.

Esa fue la razón por la cual Tapia fue trasladado a Barranquilla desde Ibagué en cumplimiento de la orden judicial.

Mientras tanto, el empresario está buscando acercarse a la Fiscalía para intentar lograr un principio de preacuerdo. Jorge Enrique López Benavides, otro de los implicados en el escándalo de Centros Poblados, logró acogerse a esta figura en septiembre pasado.

Emilio Tapia Aldana también está relacionado con el carrusel de la contratación en Bogotá. Cuenta, además, con una medida de aseguramiento por su participación en el ya mencionado escándalo del contrato de la Unión Temporal Centro Poblados.

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