Este miércoles se confirmó que la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia continuará con el juicio contra el exsenador Álvaro García Romero por desaparición forzada relacionada con la masacre de Macayepo.
De acuerdo con lo conocido hasta el momento, esta decisión se tomó luego de resolver una petición de nulidad que el exsenador presentó ante la Corte, sin embargo, el alto tribunal consideró que este recurso es para ofrecerle la oportunidad al magistrado que emitió la providencia de que corrija, amplíe o modifique su decisión.
Según informó W Radio, la Corte Suprema de Justicia le dijo al exsenador que su petición no fue clara “ni tenía los argumentos suficientes para solicitar la corrección de su caso”. En su contra hay copias por la masacre de Macayepo y nexos con paramilitares.
Hay que recordar que Álvaro García fue condenado en 2010 por la masacre de 12 personas perpetrada por paramilitares. En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia le dictó medida de aseguramiento en un nuevo proceso relacionado con ese hecho, pero por el delito de desplazamiento forzado que enfrentaron más de 250 familias tras la masacre.
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La masacre de Macayepo ocurrió el 14 de octubre de 2000. Ese día un grupo de 80 paramilitares del Bloque Montes de María, al mando de Rodrigo Pelufo, alias Cadena, asesinó con piedras y garrotes a 15 habitantes del corregimiento de Macayepo, en el municipio de Carmen de Bolívar, “provocando el desplazamiento forzado de por lo menos 200 familias”, así lo registró el portal Rutas de Conflicto.
En el auto de la Corte Suprema de Justicia, que está compuesto de 28 páginas, se puede leer:
“Así, a pesar de que ya haya perdido su investidura, su estatus social dentro de la comunidad en donde se consumó la acción delictiva sigue siendo de gran relevancia y, por consiguiente, puede resultar peligrosa no solo para la población en general, sino también para las personas que están llamadas a declarar en la audiencia pública (juicio)”.
La decisión, además, dice que no hay a estas alturas un elemento que permita señalar que el exsenador García Romero va a cumplir lo que la justicia le ordene sino que, al contrario, hay “indicios que permiten entrever una intención dilatoria dentro del proceso”.
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Cabe recordar que a la Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) revocó la aceptación del sometimiento de Álvaro García y lo expulsó del tribunal al considerar incipientes e insuficientes sus aportes a la verdad.
En la decisión de la JEP que se conoció el 2 de marzo de este año, se concluyó que el congresista obtuvo un favorecimiento electoral por parte de las AUC y después, una vez alcanzó la curul respectiva, se convirtió en tributario del grupo, aprovechando su investidura, para la subsistencia, promoción, auspicio y consolidación del proyecto paramilitar en esta región de Colombia.
Puntualmente, García Romero es señalado como el autor intelectual de la masacre, ya que una grabación reveló una conversación suya con el financiador de grupos paramilitares, Joaquín García.
Una de las razones por la cuales la JEP había recibido la solicitud del exsenador fue por considerarlo como “un paramilitar que no participó en las hostilidades, pero que desde su condición de Agente de Estado desempeñó el rol de promoción, sustento y auspicio de la organización criminal”.
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