Este miércoles 5 de octubre, la Superintendencia Nacional de Salud de Colombia (Supersalud) informó los resultados de haber puesto en práctica el Decreto 995 de 2022 en nueve entidades prestadoras de salud (EPS) del país. Esa disposición les permitió a estas administradoras utilizar la reserva técnica para pagar cuentas vencidas desde hace más de 180 días con hospitales y otros prestadores de servicios, cuyo funcionamiento se ve comprometido cuando las EPS se demoran en pagar.
De la misma forma que los ahorros para emergencias que cada persona debería tener, las reservas técnicas son recursos que las EPS deben separar para garantizar el pago de las deudas que contraen. Mientras no se estén utilizando, esos recursos deben estar invertidos de forma que mantengan seguridad y liquidez. Por ejemplo, en títulos de deuda del Gobierno, títulos de renta fija y depósitos a la vista. Es obligatorio que las EPS las tengan —aunque varias de ellas incumplen el requisito— y se requiere permiso para utilizar ese dinero.
El pasado 30 de junio, para cumplir el decreto y darles permiso de usar los recursos para pago de deudas, la Superintendencia identificó a 15 EPS con más de un 15 % de cuentas por pagar con más de seis meses de retraso. A todas ellas les pidió un plan de pago detallado y el presupuesto disponible en sus reservas.
“Esta medida adoptada por el Gobierno nacional tiene como objetivo permitir un flujo de recursos importante para la red prestadora de servicios y disminuir la cartera millonaria entre administradoras de recursos y prestadores”, indicó el viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez.
Cuatro de ellas no tenían recursos para hacer funcionar ningún plan de pago: Ecoopsos, SOS, Asmetsalud y Ferrocarriles Nacionales. A otras dos se les dio el permiso de retirar los recursos, pero no los giraron: Savia Salud y Convida —que ya está en proceso de liquidación—. Las nueve restantes hicieron los giros correspondientes: Nueva EPS, Comfenalco Valle, Comfamiliar Guajira, Coosalud, Cajacopi Atlántico, Capital Salud, Comfachocó, Capresoca y Famisanar. Se cubrieron obligaciones que, en total, sumaban los 848 millones de pesos.
“El decreto estableció como plazo máximo para realizar los pagos viabilizados el pasado 30 de septiembre. En razón a esto, requerimos a cada una de las EPS autorizadas para verificar los soportes correspondientes del cumplimiento a los compromisos establecidos y en los casos donde se identifique incumplimientos aplicaremos las acciones de control y sancionatorias correspondientes”, aseguró el superintendente nacional de Salud, Ulahí Beltrán López.
En total 1.050 prestadores públicos, 1.205 privados, 11 de naturaleza mixta y 307 proveedores de servicios se beneficiaron con el pago de las obligaciones pendientes. Estos pagos serán tenidos en cuenta para el régimen de inversiones de las EPS.
Cabe recordar que, en el momento, hay quince EPS intervenidas y diez más en vigilancia especial. Las compañías intervenidas son: SaludCoop, Manexca EPS, Cafesalud, Comfacor, Saludvida, Emdi Salud, Cruz Blanca, Comfacundi, Comfamiliar, Ambuq, Comfamiliar Nariño, Comparta, Coomeva, Medimas, Comfamiliar y Convida. De estas, 11 se encuentran en intervención forzosa administrativa, 4 están en liquidación y 1 se liquidó voluntariamente.
Las entidades que actualmente son sujeto de vigilancia especial son: Dusakawi, Capresoca, Savia Salud, Asmet Salud, Ecoopsos, Emssanar, Comfamiliar Guajira, Comfamiliar Chocó, Comfamiliar Oriente y S.O.S Servicio Occidental de Salud,
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