El impuesto a las exportaciones del petróleo y el carbón no va en el proyecto de reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro que se debatirá en ponencia en el Congreso de la República este jueves. Los congresistas ponentes del proyecto le dijeron “no”, pese a que el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y el director de la Dian, Luis Carlos Reyes, habían dicho que este iba “sí o sí”.
Ocampo explicó que se eliminaron los impuestos a las exportaciones de petróleo y carbón y se reemplazaron por dos normas.
“Se reestableció lo que había eliminado, la no deducibilidad de regalías, entonces vuelve a haber no deducibilidad, pero el impuesto a las exportaciones se cambia por una sobretasa en impuesto de renta, a las empresas petroleras y de carbón que equivale a 10 % el primer año, 7,5 % el segundo y 7,5 % el tercer año”, anotó el funcionario al indicar que el sector minero dará más de 9 billones de pesos y por eso es una parte importante de la reforma.
Es de recordar que, en principio, en el texto de la reforma tributaria se proponía que las regalías no fueran deducibles de la depuración del impuesto de renta para las empresas petroleras y carboníferas. No obstante, se modificó la no deducibilidad por cinco puntos extra de impuesto de renta, el cual decía que las compañías que exploten el subsuelo del Estado no tendrán la tarifa de 35 %, sino del 40 %.
Artículo inconstitucional
De acuerdo con La República, un informe presentado por el especialista en Derecho Constitucional Juan Manuel Charry, de Charry Mosquera Abogados Asociados & Cia SAS., explicó que crear un impuesto a las exportaciones va en contra de los compromisos adquiridos en los tratados de libre comercio y conduciría a la aplicación de medidas retaliatorias de los otros Estados contra algunos de los productos que Colombia exporta a dichos países.
“Colombia firmó con otros países (Chile, Unión Europea, Estados Unidos, Corea, Israel, México, Canadá), y adquirió un compromiso expreso que le prohíbe crear impuestos a las exportaciones, aranceles y otras cargas, a menos que estos también apliquen cuando la mercancía se destine al consumo doméstico”, explicó el abogado, según el medio.
La alerta de los gremios
Antes de que se conociera la eliminación del impuesto, los gremios del sector minero y energético, representados en la Asociación Colombiana de Minería (ACM) y la, Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), como grandes contribuyentes del Estado colombiano, hicieron duras advertencias sobre el proyecto de reforma tributaria.
En un comunicado conjunto, al referirse a nuevos impuestos para el sector, aseguraron que este ya hace aportes adicionales en épocas de precios altos de los commodities (material tangible que se puede comerciar, comprar o vender). De hecho, precisaron que el sector minero-energético (minería e hidrocarburos) es uno de los grandes contribuyentes de la Nación, pues el aporte en 2022 se estima en 72,7 billones de pesos y para 2023 este aporte alcanzaría los 90 billones de pesos, sin la entrada en vigencia de la reforma.
Además, señalaron que, de estos recursos, una parte importante están ligados a obligaciones contractuales por precios altos del carbón y petróleo.
Por eso advirtieron sobre el riesgo que conlleva elevar aún más la carga tributaria para el sector minero-energético y las consecuencias que esto tendría para atraer las inversiones que el país necesita actualmente, dado que Colombia tiene una de las mayores cargas tributarias de la región (la tercera en hidrocarburos y la más alta en minería) y la reforma tributaria implicaría un incremento del government take de entre 20 % y 22 %.
“La pérdida de inversión pone en riesgo la viabilidad de proyectos hidrocarburíferos y de minerales claves para la transición y la seguridad energética. En el caso de la industria del petróleo y gas, ante la pérdida de competitividad, la producción futura de petróleo podría caer entre 50.000 y 70.000 barriles diarios y por ende caería también el recaudo tributario (33 billones de pesos entre 2023 - 2032), lo que generará un efecto contrario al propósito de la reforma”, precisaron los gremios.
Inversión afectada
Anotaron que la pérdida de inversión tendría repercusiones para las regiones con presencia del sector de hidrocarburos, pues los proyectos que sean inviables se traducen en pérdida de empleos (hasta 20.000 vacantes directas). Además, se vería afectada la contratación de bienes y servicios, rubro que para el 2021 ascendió a más de 29 billones de pesos en su mayoría en municipios mineros y petroleros.
En ese mismo sentido, señalaron que se afectarían nuevos recursos de inversión social y ambiental de las empresas que operan en estas zonas (en 2021 la inversión ascendió a más de 537.000 millones en municipios de incidencia minero-hidrocarburífera). Según la ACM y la ACP, esto evidencia que las decisiones que se adopten deben considerar la importancia de este sector en las dinámicas socioeconómicas de las regiones y sus comunidades.
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