Sin importar los reparos e incertidumbre jurídica, Claudia López, alcaldesa de Bogotá, lanzó de manera oficial la primera operadora pública del SITP “La Rolita”. Y en el marco de esto, la mandataria distrital lanzó duros cuestionamientos a los operadores privados de la ciudad.
Varias de esas declaraciones cayeron mal entre los directivos de las operadoras privadas y calificaron las afirmaciones de Claudia López como infortunadas y carentes de realidad.
Y es que la mandataria Distrital señaló que con la entrada de “La Rolita” la administración de López sabrá a ciencia cierta cuánto y cómo se invierten los recursos recolectados por el concepto de los pasajes.
“Hoy Bogotá está a ciegas, tiene solo operadores privados y dependemos de lo que ellos nos digan sobre cuánto cuesta el servicio; si ese es el punto óptimo del servicio y si tienen o no ganancias exageradas”, señaló Claudia López.
Pero no paró ahí, y siguió explicando su punto de vista: “La verdad es que no lo sabemos, porque no tenemos con qué comparar. A partir de hoy, los bogotanos tenemos contra qué comparar, para que nadie nos meta las manos en la boca y mucho menos al bolsillo, y sepamos cada peso que va al transporte publico si se está usando de la manera más eficiente, más solidaria y sostenible. Vamos a saber cuánto vale operar un bus de verdad (...)”.
Luego de estas palabras en medio de la inauguración del nuevo operador, esta vez público, las cabezas bicicles de ese gremio de consorcios privados reaccionaron.
Los operadores calificaron las palabras de la alcaldesa como equivocadas. “Parten de un total desconocimiento del rol, competencias e información que realmente tiene Transmilenio S.A. (TM)”.
“El discurso de la alcaldesa sataniza a los actores privados, que son agentes fundamentales dentro del Sistema Integrado de Transporte Público. Este tipo de mensajes, lo único que hacen es radicalizar aún más la antipatía que parte de la ciudadanía siente por el SITP y el Sistema Transmilenio, lo que termina legitimando en el imaginario colectivo actividades como la evasión del pago del pasaje, la falta de cultura ciudadana y hasta la violencia contra la infraestructura, la flota y los conductores”, señaló a El Espectador este gremio.
Añadieron que “el discurso de la alcaldesa solo caldea los ánimos y la animadversión por el Sistema que, además de ser un patrimonio de la ciudad, se convierte en el sustento de miles de familias. La entrada en operación de La Rolita, en ninguna manera, puede significar ante los ojos de la ciudadanía una rivalidad con los concesionarios privados”.
Líos jurídicos de “Las Rolita”
El artículo 91 del Plan Distrital de Desarrollo, presentado por la alcaldesa Claudia López, dio la autorización para crear un operador distrital de transporte con la participación de entidades públicas. “Esta sociedad tendrá como objeto, entre otras actividades, la prestación del servicio público de transporte masivo en Bogotá DC o su área de influencia, en sus diferentes componentes y modalidades”, dice el documento.
La disposición dice que ese operador distrital no podrá ser operador exclusivo en Bogotá —para no excluir a los privados de la ecuación luego de sus cuantiosas inversiones— y que debía ser creado en los doce meses siguientes a la aprobación del plan. No obstante, un juez del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha declarado nulo ese artículo en dos oportunidades. El distrito ha apelado dos veces: uno de los recursos fue fallado a su favor, pero el segundo —instaurado en enero pasado— aún está pendiente de respuesta.
A Bastidas le preocupa justamente este limbo jurídico de La Rolita. “Para el Distrito no hay nada que impida la puesta en marcha del operador, porque no hay decisión de segunda instancia, y de seguir así, la nulidad del artículo se encuentra suspendida. Están apostando a que todo salga favor y el riesgo es alto. De acuerdo con el informe de ejecución presupuestal, con corte a julio, el operador público ya presenta gastos por $9.673 millones ¿qué pasará con esta inversión si se confirma el fallo y este artículo queda anulado?”, afirmó.
Además, la cabildante dice que no hay suficiente información disponible sobre el funcionamiento de La Rolita, lo cual es grave porque es una empresa pública. “No se conoce el contrato interadministrativo entre TransMilenio como ente gestor y la operadora distrital de transporte, como pasa con los operadores privados ¿Existen modificaciones, condiciones excepcionales, otrosíes?”, manifestó Bastidas, quien también preguntó por la operación del patio, el número de conductores y sus formas de contratación, entre otros datos.
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