El gobierno Nacional, en representación del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, llegó a acuerdos puntuales con las comunidades aledañas al Canal del Dique. Gracias a las voluntades de ambas partes, se firmaron acuerdos para establecer las voluntades de que exista la posibilidad de adjudicar el megaproyecto en el cuerpo de agua, respetando las solicitudes hechas por las comunidades.
Este proyecto, al que ya se le han realizado estudios para una intervención cercana a los 115,5 kilómetros, había permanecido suspendido en su etapa de adjudicación. Situación que se dio por cuenta de una acción de tutela que interpuso la comunidad, ante el temor de verse afectados por la ejecución de las obras. Frente a esta percepción, el ministro Guillermo Reyes entregó un parte de tranquilidad, tal como detalló la emisora rcn radio.
“Nuestro propósito son los ciudadanos, los niños, los adultos, los defensores de estas comunidades que legítimamente han presentado tutelas, acciones populares. Venimos a decirles que no va a haber engaño ni nada, al contrario, compromiso de trabajar por ustedes. Estas hojas están firmadas con papalería del Ministerio del Interior, de la ANI, y por supuesto de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, decirles que aquí estaré siempre para seguirles escuchando”, sostuvo el ministro Reyes.
De igual manera, los compromisos firmados entre el Ministerio Transporte y la comunidad contemplan vincular las situaciones que son objeto de preocupación para los pobladores de la zona.
Los representantes de los habitantes de los territorios aledañas al Canal del Dique le solicitaron al ministro Guillermo Reyes realizar nuevas consultas previas, con el objetivo de tener la oportunidad de decidir sobre las acciones que se implementarán en la ejecución de este megaproyecto. Asimismo, pidieron la garantía de que, durante y después de la ejecución de las obras, los habitantes de este territorio podrán permanecer habitándolo.
Bajo este contexto es importante resaltar la tutela que actualmente tiene este megaproyecto, y que fue interpuesto por el Consejo Comunitario del corregimiento de Hato Viejo ante un juzgado de Cartagena, razón por la que no se había logrado emitir una adjudicación por parte del gobierno.
Sin embargo, con estos acuerdos pactados, el gobierno espera que la comunidad retire esta acción popular para que el proceso de adjudicación pueda seguir su curso.
En esta mesa de concertación también estuvo presente el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), William Camargo, quien señaló que, en vista de la tutela que tiene este proyecto, se espera seguir socializando el trabajo adelantado con la comunidad para resolver de esta manera, las instancias judiciales que embargan la adjudicación del proyecto.
En este sentido, el ministro Reyes precisó que es importante que se realice la adjudicación para que empiecen las medidas de mitigación y mejora, así como también la realización de consultas previas.
El megaproyecto busca controlar el paso de agua por el Canal del Dique, en vista de que la extensión de aguas derivadas del río Magdalena es fácilmente inundable, por lo que es recurrente que las poblaciones aledañas estén inmersas en constantes inundaciones. Además, pretende que este paso sea navegable para medianas embarcaciones.
De igual forma la intervención se daría desde la Bahía de Cartagena, hasta el municipio de Calamar (Bolívar), en su recorrido, el Canal del Dique atraviesa los departamentos de Bolívar, Atlántico y Sucre. La inversión presupuestada corresponde a 3.5 billones de pesos y busca beneficiar a cerca de 1,5 millones de personas.
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